"Hasta las ratas saben ahora que soy detective"

Los juzgados de Coslada han acogida la vista pública celebrada contra María Dolores de Cospedal y otros dos dirigentes del Partido Popular por las acusaciones vertidas antes de las autonómicas de 2011. Cospedal aseguró entonces que el PSOE había contratado una agencia de detectives para investigar a dirigentes populares. Los tres demandados han asegurado que no recordaban las entrevistas, mientras que el director de la agencia de detectives ha señalado que antes nadie sabía a lo que se dedicaba y ahora "lo saben hasta las ratas".

Después de tres aplazamientos, María Dolores de Cospedal, se ha sentado en el banquillo, junto a dos dirigentes populares, por haber asegurado antes de las elecciones autonómicas de 2011 que el PSOE había contratado a una agencia de detectives para investigar a cargos públicos del PP. La demanda por intromisión en el derecho al honor la ha presentado el director de la agencia de detectives Almirante, a la que aludieron los demandados, porque sostiene que esas acusaciones le han causado perjuicios económicos y profesionales, además de que han menoscabado su imagen.

El director de esta agencia, Isidro García, ha asegurado en la vista que "nunca ha realizado ningún trabajo para partidos políticos" y que los perjuicios que le han ocasionado las declaraciones de Cospedal han sido evidentes porque "tuvo que cambiar de domicilio y de teléfono por el acoso sufrido" y que "antes donde residía nadie sabía que era detective privado y ahora lo saben hasta las ratas". Perjuicios profesionales, personales e incluso de salud, según ha declarado en la vista.

La defensa de los demandados ha pasado por asegurar que debido a su cargo "conceden numerosas entrevistas" y que no recuerdan el contenido de todas. Cospedal ha asegurado que sabe que se han pedido datos de los suyos a los registros de la propiedad "porque así se lo han hecho saber los registradores" y ha precisado que nunca los titulares de prensa coinciden con lo que se declara pero que ella no puede "enviar escritos de rectificación a todos los medios permanentemente".

El demandante solicita una indemnización de 300.000 euros y la publicación de la sentencia en todos los diarios que se hicieron eco de aquellas declaraciones. El juez ha permitido el acceso a la sala de vistas de los periodistas. Junto a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla la Mancha se han sentado en el banquillo Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real y diputada nacional y Francisco Cañizares, actual portavoz en las cortes de Castilla la Mancha.

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