El Poder Judicial dice que la ley de vivienda altera el derecho de la propiedad

Madrid

El borrador de los vocales Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y Juan Antonio Ballesteros, a propuesta del PP, es muy crítico con los tres ejes sobre los que se cimenta la Ley de vivienda del Gobierno de coalición: la competencia de las comunidades autónomas, el derecho de propiedad y la intervención pública de los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Además, el informe lleva implícito también un aviso al Ejecutivo, que dijo que aprobaría la ley con independencia de lo que dijera el Poder Judicial. Lucas y Ballesteros escriben que "el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni de la voluntad ni del interés de quien lo solicita, en este caso el Gobierno, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos hasta el momento presente".

Vivienda digna

El borrador que se va a debatir en el pleno ordinario del próximo jueves señala que "la vivienda es una materia de titularidad autonómica". Añade que con este anteproyecto "hay duplicación de legislaciones y que la superposición y redundancia normativas casan mal". Otra de las críticas es que la nueva ley de vivienda "altera el entendimiento de la propiedad privada de la vivienda". En este capítulo alertan también de la "desnaturalización del derecho de disfrute a una vivienda digna" porque con la regulación que se propone "no se concibe frente al poder público como un límite a la actuación de terceros sino como un instrumento al servicio de las Administraciones Públicas para alcanzar los objetivos que se hayan marcado en sus planes".

Los precios del alquiler

En cuanto a la intervención de los precios del alquiler en zonas tensionadas, afirman que "siendo un tema constitucionalmente sensible tiene un alcance limitado y un farragoso contenido. Su mantenimiento, después de la pandemia, quizás no resulte adecuado". Frente a la nueva regulación, defienden las limitaciones para los grandes tenedores que ya están previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Añaden que tampoco está justificada la medida y se limita a "evaluar beneficios sociales e inconvenientes sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas en países de nuestro entorno que han cosechado fracasos evidentes".