El Gobierno prorroga hasta el 30 de abril la rebaja de impuestos en la factura de la luz
El gabinete da luz verde también al proyecto de reforma de la Ley Concursal
Madrid
El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores, con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.
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Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, coincidiendo con un nuevo récord en el precio de la luz en el mercado mayorista para mañana de 360 euros el megavatio hora (MWh).
En concreto, se prorrogan hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.
La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.
El Gobierno también ha aprobado una medida adicional a todas estas rebajas destinada en exclusiva a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos, también hasta el 31 de marzo de 2022.
Aprobado el proyecto de reforma de Ley Concursal
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley Concursal con el que se pretende facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia. Así lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El objetivo de dicha reforma es "situar a España en la vanguardia de la modernidad en los procedimientos concursales, asimilándose a cómo se está regulando en otros países de nuestro entorno europeo", según ha destacado Llop durante su intervención inicial en el Desayuno Informativo de Europa Press.
Justo la semana pasada, el Ejecutivo recibió el último de los informes que necesitaba antes de elevar el anteproyecto a segunda vuelta en el Consejo de Ministros para que la ley inicie el trámite parlamentario.
En concreto, se trata del informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que incluía "una serie de observaciones" que el Gobierno ya ha analizado antes de aprobarlo mañana. Además, ha recibido también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que es "bastante positivo" en términos generales respecto al texto del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto.
Pese a la próxima aprobación en Consejo de Ministros, Calviño ya ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal hasta la entrada en vigor de la reforma de esta normativa.
En principio, esta moratoria está prorrogada hasta el 30 de junio de 2022, pero la vicepresidenta ha asegurado que esta ampliación "da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal".
Principales líneas del anteproyecto
El proyecto normativo incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal. Esta modificación constituye una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
Además, pretende que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo "razonable", favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
