El Congreso aprobará por mayoría absoluta la Ley de Formación Profesional
Será la primera ley educativa que sale adelante en España en principio sin votos en contra
CPIFP 'Corona de Aragón' de Zaragoza. / Fabian Simon/Europa Press via Getty Images
Madrid
El Pleno del Congreso aprobará este jueves por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Formación Profesional, en principio sin ningún voto en contra, una norma que también cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios y la patronal.
La nueva norma ha sido negociada durante meses con la comunidad educativa, las empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, en su trámite parlamentario se aceptaron alrededor de un tercio de las 592 enmiendas planteadas por los distintos grupos políticos.
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El Pleno verá el dictamen y las enmiendas que los grupos parlamentarios han decidido no retirar. Al tratarse de una Ley Orgánica, se someterá a una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación.
Si la alcanza, se remitirá al Senado, que puede aprobar el proyecto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, deberá regresar al Congreso.
La única duda se plantea con el sentido de la voto de la CUP
En estos momentos, la única duda se plantea con el sentido de la voto de la CUP. El resto de las fuerzas políticas oscilan entre el respaldo y la abstención, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Educación.
Junto a los socios de coalición del Gobierno, la iniciativa recibirá mañana el apoyo de Ciudadanos, PNV y Bildu, entre otros, han explicado a EFE fuentes de estos grupos parlamentarios.
El PP y ERC "en principio" se abstendrán, igual que Vox, Foro Asturias y UPN.
En el caso de que salga adelante sin ningún voto negativo, sería la primera ley educativa en democracia que se apruebe sin oposición.
Las novedades
Una de las principales novedades de la iniciativa legislativa es que la Formación Profesional pasará a ser dual, es decir, combinará la enseñanza en las aulas con las prácticas en empresas -roza hoy el 4 % en España frente al 60 % de Alemania-.
La norma establece dos tipos de FP: la General, con una duración de formación en la empresa entre el 25 % y el 35 % y una participación de la empresa de hasta un 20 % de los resultados de aprendizaje del currículo; y la Intensiva o Avanzada, con formación en la empresa a partir del 35 % de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de enseñanza de más del 30 % respecto del currículo.
El proyecto establece un nuevo sistema de grados de Formación Profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).
Asimismo, prevé un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional que incluye todas las opciones formativas que pueden cursarse en el marco de la FP y un Registro Estatal, que "permitirá a toda la ciudadanía acceder al mismo y obtener una Vida Formativa-Profesional actualizada".
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12 % de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25 % de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3 % de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación.
Una de las cuestiones que la nueva ley quiere solucionar es el preocupante nivel de desempleo juvenil, un 30,6 % entre los menores de 25 años, el más elevado de la Unión Europea junto a Italia, según la estadística publicada por la OCDE el pasado día 10.
La ley quiere además actualizar hasta el 80 % de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.
El 50 % de las oportunidades de empleo en la segunda mitad de esta década estarán reservadas para personas con cualificación intermedia (técnicos y técnicos superiores de formación profesional), y solo el 16 % de los empleos requerirán bajo nivel de cualificación.
Sin embargo, el 48 % de la población activa española no tiene un título de formación profesionalizante ni posee acreditadas formalmente sus competencias.
