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El Gobierno transformará el SEPE en una Agencia Española para el Empleo

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para reformar las políticas activas de empleo

Madrid

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de empleo que transformará el Servicio Público de Empleo Estatal en una Agencia Española para el Empleo, para corregir sus "enormes ineficiencias" e impulsar la intermediación laboral. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que este anteproyecto convertirá el SEPE "en una gran agencia pública" al modernizarlo, "digitalizarlo de arriba a abajo" y ganar así "en rapidez, agilidad, flexibilidad".

Esta futura agencia para el empleo ofrecerá una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo; recogerá todas las vacantes de empresas e instituciones, y proporcionará a cada demandante un profesional tutor que le diseñe una atención personalizada.

Yolanda Díaz ha dicho que "una de las grandes reformas estructuras que tenía pendiente nuestro país". La vicepresidenta ha explicado que hay consenso y ha querido dejar clara su trascendencia: "La gran transformación es la conversión del SEPE en una gran agencia pública, la agencia española del empleo para conseguir objetivos fundamentales como modernizarlo y digitalizarlo de arriba a abajo. Que llegue a todas las terminales digitales y que gane en rapidez y agilidad en un modelo diferente".

La vicepresidenta ha explicado que la transparencia en el mercado de trabajo es uno de los grandes objetivos de este anteproyecto de ley. De hecho, una de las principales novedades es que las empresas deberán transmitir a la agencia cuáles son los puestos de trabajo que ofrece. "Deja de estar pensando para los desempleados y está pensado para el conjunto de la ciudadanía. Las empresas van a formar parte y será un ejemplo de colaboración público-privada", ha explicado.

Díaz defiende la gestión de la pandemia frente a las críticas de Casado

El líder del  PP, Pablo Casado ha anunciado que su partido va a pedir una comisión de investigación parlamentaria o, en su defecto, que actúe la Fiscalía de oficio después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz dijera que se veía venir lo que sucedería con la pandemia en febrero de 2020. Lo ha dicho tras conocerse que un abogado llevará a la justicia las declaraciones de Yolanda Díaz sobre la COVID.

Durante la rueda de prensa, Díaz ha defendido la actuación del Gobierno: "La OMS ha puesto a España como ejemplo en gestión de la pandemia tanto ahora como en plena pandemia. Hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia a pesar de contar con enormes dificultades y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas ni para salvar empleos ni para salvar empresas".

Darias, sobre la salud mental: "Hay que romper el silencio"

"Poner a la salud mental en el epicentro de las políticas públicas. Hay que romper el silencio y actuar", ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la aprobación de la Estrategia de Salud Metal para el período 2022-20226 que, por primera vez contempla la perspectiva de género y una línea de actuación para prevenir la conducta suicida. Asegurar la autonomía de los pacientes y mejorar la capacidad para detectar los casos de un posible suicidio son otros de los caminos marcados en esta Estrategia de Salud Mental. 

Sobre la situación epidemiológica, Darias ha vuelto a apelar a la cultura de los cuidados sobre todo en este puente que ahora comienza y con la variante Ómicron. 

España recibirá la primera remesa de 1,3 millones de vacunas infantiles de Pfizer el próximo 13 de diciembre, que serán repartidas después por las comunidades autónomas en función de la población de 5 a 11 años que tengan.

El Gobierno reitera su deseo de eliminar "disminuido" de la Constitución: "Porque las palabras importan"

El Gobierno ha aprobado este viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una declaración institucional en este sentido y ha insistido en su deseo de eliminar del texto de la Constitución el término "disminuido" que, según ha indicado, "hiere" al colectivo. "Porque las palabras importan", ha recordado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Ha explicado que el "deseo" del Ejecutivo es que los grupos parlamentarios "se esfuercen" en esta reforma de la Carta Magna que, según ha señalado, tiene el "consenso" del movimiento asociativo de la discapacidad.

La ministra portavoz ha indicado que estas organizaciones sociales están instando a las fuerzas políticas a modificar el texto "definitivamente". "Porque las palabras importan y se traducen en sentimientos y, en este caso, en sentimientos que hieren a las personas con discapacidad por cómo se las menciona y por cómo se las recoge en el texto".

Es por eso, que el Gobierno, según ha explicado, apuesta por el cambio en la Constitución y "alterar", así, "esa terminología" y "dirigirse" al colectivo "como lo que son: personas con discapacidad y no disminuidos".

 
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