La sentencia del TC defiende una "limitación más radical" de derechos si es autorizada por el Congreso

Madrid

El Tribunal de Garantías comunica la sentencia que ha declarado inconstitucional el confinamiento del primer Estado de alarma. La mayoría de magistrados creen que el gobierno debió optar por el estado de excepción aunque supusiera una “limitación radical o extrema” de derechos, siempre que se hiciese con el aval parlamentario

En su sentencia, aprobada por 6 votos frente a 5, cuya integridad se ha conocido durante la noche de este lunes, el tribunal estima que existió una suspensión y no una mera limitación del derecho a la movilidad durante el confinamiento.

Dice la mayoría que se “configuró una restricción de este derecho que es, a la vez, general en cuanto a sus destinatarios y de altísima intensidad en cuanto a su contenido, lo cual excede la ley” del estado de alarma.

Añade que tal restricción “aparece más como una privación o cesación del derecho”, por más “temporal que sea y admita” excepciones, que como una “reducción de un derecho o facultad”.

El Estado de alarma, dicen la mayoría de los magistrados “no delimitó un derecho a circular en un ámbito, sino que lo suspendió de forma generalizada para todos las personas y por cualquier medio”.

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Por ello, para los seis defensores de la sentencia, el Ejecutivo debió optar por el estado de excepción, “legitimando con ello incluso la adopción de medidas que impliquen una limitación radical o extrema” de los derechos planteados, previa aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

En su sentencia los magistrados, una vez asumido que el estado de alarma suspendió derechos en lugar de restringirlos, advierten de que con la adopción de esta fórmula se corre el riesgo de que se puedan estar “limitando derechos sin decirlo”, esto es sin “previa discusión del parlamento”, tal y como “temían algunos constituyentes”. Sostienen que un Ejecutivo podría convertir “la alarma en un sucedáneo de la excepción” con el agravante de que no estaría sometida a la previa autorización parlamentaria.

El fallo de la mayoría ha contado con cinco votos particulares contrarios al fallo, de los que el Constitucional ha dado a conocer 4 (todos excepto el del magistrado Xiol). La Cadena SER ya avanzó el voto crítico del vocal Cándido Conde-Pumpido, quien apuntó que esta sentencia “desarma al Estado frente a las pandemias”, crea “un grave problema político en lugar de resolverlo” y mostró su preocupación porque el fallo “se desliza” hacia la posición de Vox con una “argumentación muy pobre”.

Por su parte, el presidente Juan José González Rivas, asevera en su voto que no existió suspensión de derechos con el estado de alarma sino una restricción, que “no carece de límites y encuentra una frontera que la Constitución no permite que sea superada”.

González Rivas defiende el estado de alarma que “representó una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal”.

Otro de los vocales conservadores que se ha opuesto a la mayoría es Andrés Ollero, quien en su voto particular recuerda que el estado de excepción defendido en la sentencia solo podría aprobarse durante dos meses, tiempo imposible para acabar con la pandemia. También sostiene que no hubo suspensión sino limitación del derecho a la movilidad, así como prohibición de visitar a amigos o familiares que justifica porque “los virus no se interesan demasiado por nostálgicos afectos o parentescos”.

Por último, la magistrada María Luisa Balaguer, afirma que la sentencia de la mayoría “genera más inseguridad jurídica de la que intenta combatir”. Censura la actitud de sus compañeros y les recuerda que “no corresponde al Tribunal Constitucional reemplazar las funciones que cumple desempeñar al legislativo y al ejecutivo” y dice que es “difícil aceptar como contraria a la Constitución una legislación que ha permitido de manera rápida y eficaz, arbitrar medidas sociales efectivas de cara a proteger bienes jurídicos tan importantes como la vida y la salud” de las personas.

Balaguer también considera contradictorio el fallo de sus compañeros, porque mientras consideran inconstitucional una medida del estado de alarma como las restricciones a la movilidad, no consideran lo mismo en el caso del cierre de establecimientos o al limitar la asistencia a servicios religiosos. Recalca la magistrada que “o todo es inconstitucional o nada lo es”.