La Fiscalía pide cuatro años prisión para Arantxa Sánchez Vicario por presunto alzamiento de bienes
La Fiscalía la acusa de ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros
Arantxa Sánchez Vicario, en una imagen de archivo. / GETTY IMAGES
Barcelona
La Fiscalía ha pedido condenar a la tenista Arantxa Sánchez Vicario y a su exmarido Josep Santacana a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.
En el escrito de acusación, el fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.
Detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.
La idea de "un plan consistente"
El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.
Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.
"Ocultar dinero para frustrar el cobro"
Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.
Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.
