Catorce comunidades incumplen la ley desde hace 18 años por no asumir la sanidad penitenciaria
Solo Cataluña, País Vasco y, a partir de mañana, Navarra gestionan la sanidad de sus prisiones. Desde 2003, con la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, los servicios sanitarios penitenciarios deberían haber sido asumidos por las comunidades para su plena integración en los servicios autonómicos de salud
Cárcel de El Dueso (Cantabria) en una foto de archivo. / JMN/Cover/Getty Images
Madrid
El cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria tendría que estar formado por cerca 500 médicos, pero apenas llega a 300. Las condiciones laborales son peores que las de las comunidades autónomas (en algunos casos cobran hasta 1.000 euros menos al mes) y las 200 plazas ofertadas quedan constantemente desiertas.
El sistema penitenciario solo cubre la Atención Primaria, cuando un recluso necesita la atención de un especialista se le traslada a un hospital público de la comunidad donde se encuentre su prisión.
Incidencia dos veces menor
Pese a la falta de médicos, durante la pandemia, y a pesar de los temores iniciales por ser un ámbito cerrado como las residencias de ancianos, la población carcelaria sufrió una incidencia dos veces inferior y una tasa de mortalidad 8,5 veces más baja que la población en general
Desde Instituciones Penitenciarias llevan desde 2003 intentando completar la transferencia de esta competencia a las comunidades a las que, por otro lado, también les vendría bien para paliar la falta de médicos de Atención Primaria. Por ejemplo, en la cárcel de El Dueso tienen 5 facultativos para una población de 400 internos y el centro de Salud de Santoña, término municipal al que pertenece la cárcel, tiene 6 médicos para una población de 11.000 personas.
No está claro porqué las comunidades se resisten a asumir esta transferencia -por ahora solo Baleares y Andalucía se han sentado a negociar-, teniendo en cuenta que según el gobierno Navarro el traspaso supondrá un ahorro de 1,3 millones anuales porque el gobierno foral pagaba al estado 2,1 millones de euros por una competencia que, a partir de ahora, le supondrá 800.000 euros.
