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Estafas

El Supremo confirma las condenas de los jefes de la "gran empresa" de las estafas

Condenas firmes de hasta 15 años de prisión para 40 integrantes de una organización criminal que estafó a decenas de administraciones públicas y más de 700 personas

La Audiencia Nacional sentenció en primera instancia que funcionaban como una "gran empresa"

Los condenados estafaron a más de 50 administraciones públicas y a más de 700 personas con diversas técnicas / Getty Images

Los condenados estafaron a más de 50 administraciones públicas y a más de 700 personas con diversas técnicas

Madrid

El Tribunal Supremo ha dado el visto bueno a las condenas de los jefes de la "gran empresa" del fraude. Cuarenta personas condenadas por formar parte de una organización criminal que, según la Policía, funcionaba como una "multinacional" del crimen consiguiendo estafar en muy poco tiempo a decenas de administraciones públicas, empresas y más de 700 personas en todo el país desplegando una gran variedad de métodos: se hacían pasar por falsos proveedores de ayuntamientos, por vendedores de productos en internet que nunca llegaban o por dueños de pisos turísticos que nunca aparecían.

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Es lo que la Audiencia Nacional describió como una "gran empresa" del fraude en su primera sentencia del caso. Una organización, compuesta en su mayoría por ciudadanos rumanos, perfectamente jerarquizada con un departamento de planificación, otro de informática, otro de logística y otro finalmente dedicado a falsificar documentación con hasta seis categorías diferentes de miembros, desde las simples "mulas" y "testaferros" hasta los cabecillas que controlaban hasta el último detalle.

Los métodos eran, según la documentación a la que ha tenido acceso esta emisora, muy variados. El principal y que más beneficios les dio fue hacerse pasar por proveedores de ayuntamientos y administraciones públicas: estudiaban minuciosamente qué empresas daban servicios, por ejemplo, a un ayuntamiento para después suplantar a una de ellas y comunicar al consistorio la nueva cuenta en la que debían pagar los servicios que prestaban: el dinero era rápidamente desviado a otros países de Europa o incluso a Estados Unidos, Dubai o los Emiratos Árabes Unidos.

Según la Justicia entre 2016 y 2018 intentaron estafar a más de 70 administraciones públicas en España, lo consiguieron con medio centenar y se hicieron con un botín de dos millones de euros. Las otras ramificaciones de la "multinacional" fueron destinadas a estafar a más de 700 empresas y particulares: más de un millón de euros vendiendo productos por internet que, una vez pagados, nunca aparecían, o haciéndose pasar por dueños de pisos turísticos que, una vez pagada la entrada, tampoco existían. Desarrollaron también estafas por el método phishing consiguiendo que sus víctimas les dieran sus datos bancarios.

Víctimas por todo el país

La organización fue desmantelada en mayo de 2018 con más de treinta detenciones en una operación conjunta la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Policía rumana y el Tribunal Supremo acaba de confirmar las condenas de los pocos que no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio en la Audiencia Nacional. El resultado es cuarenta condenas firmes de entre diez meses y quince años de prisión por delitos de organización criminal, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

Imagen de una de las detenciones durante la operación policial de 2018

Imagen de una de las detenciones durante la operación policial de 2018 / Policía Nacional / Mossos

Imagen de una de las detenciones durante la operación policial de 2018

Imagen de una de las detenciones durante la operación policial de 2018 / Policía Nacional / Mossos

La organización, según declara ahora probado en firme el Supremo con el magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente, intentó estafar a más de 70 organismos públicos a nivel local, regional y estatal, consiguiendo por ejemplo estafar a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (53.000 euros), a la Diputación de Barcelona (266.000 euros), al Hospital Clínic (27.000 euros), al ayuntamiento de Bilbao (60.000 euros), al Servicio Navarro de Salud (36.000 euros), al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros) y las univerisdades de Santiago (61.000 euros) y de La Laguna (306.000 euros, la más afectada) entre otros muchos.

El "auténtico laboratorio del fraude"

Las distintas sentencia de la Audiencia Nacional sobre este caso reflejan cómo los agentes de Policía que entraron en la casa donde hacían toda la documentación falsa para hacerse pasar por proveedores era un "auténtico laboratorio del fraude", con los "miembros relevantes" del grupo a la cabeza. Sin ellos, dijo la Audiencia, "no sería posible cometer el hecho en su máxima expresión. Estas acciones son fabricar la documentación falsa, reclutar a las mulas, seleccionar las víctimas, coordinar a los que abren cuentas bancarias, o contactar con la cúpula de la organización para recibir órdenes".

Imagen de uno de los registros en mayo de 2018

Imagen de uno de los registros en mayo de 2018 / Policía Nacional / Mossos

Imagen de uno de los registros en mayo de 2018

Imagen de uno de los registros en mayo de 2018 / Policía Nacional / Mossos

Según explican fuentes del caso hay en total cuarenta condenas, la mayoría dictadas tras una conformidad con la Fiscalía en primera instancia, pero el caso todavía no está cerrado y en los últimos años se han seguido produciendo detenciones y la Audiencia está a la espera de celebrar más juicios en los próximos meses contra supuestos estafadores identificados con posterioridad. Fuentes de las defensas de algunos acusados no descartan, en conversación con la SER, acudir al Tribunal Constitucional.

 
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