El Poder Judicial no llevará la reforma ante el Constitucional pero sí advertirá a la Comisión Europea
La propuesta de varios vocales queda rechazada por 8 votos a favor y 13 en contra
También rechaza instar al Defensor del Pueblo a que presente su propio recurso
Sí ha salido adelante, con amplia mayoría, advertir del impacto de la reforma a la Comisión Europea a través del informe anual
Imagen de archivo de la entrada del Consejo General del Poder Judicial / EP (EP)
Madrid
El Consejo General del Poder Judicial no llevará la reforma que le impide hacer nombramientos ante el Tribunal Constitucional ni a través de un conflicto de atribuciones ni a través del Defensor del Pueblo aunque sí plantearán sus dudas ante la Comisión Europea. El pleno extraordinario que está reunido desde las siete de la tarde ha rechazado ambas posibilidades con 8 votos a favor y 13 en contra y ha sacado adelante con mayoría amplia el informe que presentarán ante la Comisión.
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La misma proporción de vocales ha decidido no llevar el asunto ante el Constitucional ni a través de un conflicto de atribuciones ni instando al Defensor del Pueblo a presentar un recurso ante el tribunal de garantías. Lo que sí ha aprobado el pleno con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 en blanco es emitir el informe anual sobre el estado de derecho a la Comisión Europea advirtiendo sobre el impacto de la reforma.
La decisión del pleno extraordinario supone el freno a una iniciativa que buscaba un nuevo enfrentamiento entre el órgano de gobierno de los jueces y las cortes después de la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acota las funciones de este organismo. Una reforma 'blanda" que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea frente a la reforma más dura que afectaba al sistema de elección de vocales y que fue retirada después de generar el rechazo de la judicatura y después de encender las alarmas en Europa.
En los últimos minutos el CGPJ sí ha decidido, por una mayoría más amplia, plantear sus reservas ante la Comisión Europea. Será a través del informe anual que entregan ante este organismo continental sobre el estado de la Justicia planteando los efectos de la reforma y detallando todos los puestos que quedan vacantes.
Comunicado de los ocho vocales
Al término del pleno los ocho vocales conservadores que no han conseguido que su iniciativa prospere han emitido un comunicado defendiendo que "han sostenido la legitimación del Consejo General del Poder Judicial para plantear el conflicto de atribuciones, con la finalidad de salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes, garantizando la intervención del Tribunal Constitucional para poner remedio a cualquier vulneración de ese principio, que es esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de Derecho".
En el pleno, según explican, han defendido que "el Pleno debió dirigirse a las Cortes Generales solicitando que dejasen sin efecto la supresión de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial" y zanjan su comunicado afirmando que "ninguno de los asistentes al Pleno ha defendido la bondad constitucional de dicha Ley".
Voto particular concurrente
La decisión de no plantear un conflicto de atribuciones cuenta con un voto particular, por el momento, del vocal José María Macías, que no duda en calificar la reforma como "gravemente inconstitucional" pero al mismo tiempo considera que el conflicto de atribuciones puede ser una iniciativa "voluntarista" pero no la adecuada. "El conflicto propuesto sólo añadiría confusión y el riesgo de interferencia con las vías adecuadas, lo que, además de poco inteligente, es contraproducente si realmente lo que se pretende es reconducir la LOPJ a la normalidad constitucional que nunca debió abandonar. Lejos de ayudar a recuperar esa normalidad, la propuesta no haría otra cosa que perjudicar ese objetivo", dice.
Baja por tanto el tono del enfrentamiento entre el sector conservador del CGPJ y las cortes tras la aprobación de la reforma que les impide hacer más nombramientos: no llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional y sólo plantearán sus reservas ante una Comisión Europea en un informe que hacen anualmente pero teniendo en cuenta que la vicepresidenta de este organismo ha avalado públicamente esta reforma.
