La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el presidente de Urbas por la ampliación de capital en 2015

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015.

En una nota de prensa fechada este viernes, el Ministerio Público, que pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación, reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos.

La promotora alegó que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital, que son el objeto del proceso judicial, han sido ratificadas "en numerosas ocasiones".

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dirigió su actuación no solo contra los responsables físicos de la sociedad, sino también contra Urbas en calidad de persona jurídica, sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Sobrevalorada

Según detalló el magistrado, la ampliación tenía como objetivo absorber a Aldira, una sociedad de "nueva creación titular de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades" a través de una "adquisición inversa de combinaciones de negocio". en este proceso, "una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad" vinculada, y un "porcentaje superior al 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores".

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Engaño

"Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción", apunta el magistrado, que ve indicios de delito en la estrecha vinculación entre las mercantiles con carácter previo a su integración, ya que los accionistas mayoritarios de ambas son "las mismas personas".

Irracionalidad

La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación "la irracionalidad e inexistencia de las plusvalías latentes en que, en última instancia, se justificaba el valor de los bienes con los que se suscribieron los 384.488.000 euros de la ampliación de capital ha sido puesta de manifiesto en los correspondientes informes elaborados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)".

Informe ficticios

Para Calama, los informes se expidieron "con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira, y por tanto, conllevando un engaño hacia los accionistas de Urbas, obteniendo a través de estos actos mendaces el voto favorable de los socios a la propuesta de ampliación".

Dicha irregularidad habría servido además para justificar "falazmente" la posterior puesta en circulación de las acciones creadas "engañando a los futuros compradores sobre su verdadero valor".

Tres delitos

Los hechos descritos por la Fiscalía son indiciariamente constitutivos, conforme a la redacción del Código Penal de un delito relativo al mercado y a los consumidores por existir perjuicio para terceros y notoria gravedad, así como delitos societarios, y un delito de estafa.