El Defensor del Pueblo censura la descoordinación de las administraciones durante la crisis migratoria canaria

Madrid

Lleva más de 15 años denunciándolo en sus informes anuales, pero esta vez el Defensor del Pueblo desnuda todo el sistema de acogida y protección que Canarias no ha tenido nunca en marcha desde el año 2006 y que ha derivado en una gestión plagada de “carencias de coordinación que, una vez más, se han podido apreciar con este repunte de llegadas” a las islas y por ello demanda que “la situación actual en las Islas Canarias necesita de medidas de intervención urgentes”.

En distintas y amplias visitas a todas las islas y más de una quincena de centros o instalaciones durante 2020, la institución que dirige Fernández Marugán, define dos “principales carencias identificadas: la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables”, señala un pormenorizado documento de 86 páginas que ha enviado este miércoles por la mañana al Congreso de los Diputados y que desnuda los errores en la gestión de esta realidad por parte de ministerios, gobierno regional, la abogacía y otros agentes implicados.

Para agilizar una solución, al modelo ideado en el archipiélago en los últimos meses, el Defensor señala que “es imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias, pero también promover traslados a la Península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada. Especialmente relevante para la credibilidad del sistema de protección internacional es la rápida identificación y derivación de los solicitantes de asilo a recursos en la península” derivaciones a l península en cumplimiento de la ley de asilo que el Defensor lleva exigiendo a Interior desde hace meses, “al igual que se ha insistido con la situación creada en otros momentos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha de mostrar la preocupación de esta institución ante la lentitud de los traslados desde Canarias a la península que se ha detectado durante todo el año 2020”, constata.

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“La crisis sanitaria ha provocado graves disfunciones en el sistema que se reflejan en el deterioro de las condiciones de primera acogida y detención”, señala el documento, que a su vez pone en evidencia que esa emergencia por la COVID no puede ser una excusa para justificar todas las vulneraciones de derechos que se han comentado en la gestión de esta “crisis migratoria”.

Además del polémico campamento habilitado sobre la dársena del muelle de Arguineguín, convertido en símbolo del despropósito, que un equipo del Defensor visitó por sorpresa en varias ocasiones y para el que pidió el cierre inmediato por las “precarias condiciones e incumplimientos legales”, “se tuvo ocasión de comprobar en el muelle de Arguineguín, se vuelve a superar con creces el período de 72 horas, plazo legalmente previsto para mantener a estas personas bajo custodia policial”, algo que también han comprobado en el nuevo campamento habilitado en Barranco Seco , donde también se ha constatado esa vulneración de prolongar la detención más de 3 días.

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"Las manifestaciones xenófobas deben ser perseguidas con contundencia"

“Las manifestaciones xenófobas deben ser perseguidas con contundencia y, al mismo tiempo, se debería evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis económica que la pandemia ha provocado en Canarias” advierte y reclama “medidas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia en la población”. El Defensor comparte aquí las tesis de numerosos colectivos que han denunciado que la mala gestión del modelo de acogida, con macrocentros, y la falta de traslados a la península no está ayudando a una mejor comprensión de esta realidad por parte de la población local.

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Críticas al gobierno canario por su gestión sanitaria y por no documentar a los menores bajo su protección

Fernández Marugán señala a la Consejería de Sanidad canaria que publicó, el 21 de noviembre de 2020, “una Orden por la que se dispone el aislamiento obligatorio de las personas que son interceptadas, intentando acceder a las islas de manera irregular, que resulten positivos confirmados de COVID-19 y no requieran hospitalización, como medida urgente de carácter extraordinario y temporal de prevención y contención, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria”, sin embargo, casi cuatro meses después, el Defensor del Pueblo señala que “se ha comprobado que aún no se han identificado los recursos residenciales específicos necesarios para hacer efectivas las medidas previstas en la citada orden”, por lo que “el Defensor del Pueblo ha formulado una Recomendación a la Consejería de Sanidad canaria”, para que lo cumpla.

“Se detectó un número importante de personas, en varios de los centros, que afirmaban ser menores de edad, por lo que se ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado” denuncia el informe, en referencia a las distintas visitas que técnicos del Defensor hicieron a distintos centros de menores de las islas. “Otros centros presentan deficiencias que deberían ser subsanadas entre los que se destaca una nave situada en un polígono industrial en Lanzarote y dos centros visitados en Las Palmas”. Deficiencias que también sitúa en El Hierro y en largas estancias de las personas en instalaciones como polideportivos.

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En el documento se detalla que según los datos que le ha facilitado el gobierno canario “por la entidad de protección de menores canaria, a 12 de febrero de 2021, cifran en 2.666 los menores extranjeros no acompañados, bajo su guarda” pero “llama la atención el alto número de ellos que, según comunica la entidad de protección autonómica, se encuentran pendientes de realización de pruebas de determinación de la edad: 2.030. a la vista de las cifras proporcionadas se considera que no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone” por lo que pide solidaridad del resto de Comunidades Autónomas para derivar a parte de estos menores.

Pero uno de los elementos más destacados de este amplio informe es que pone en evidencia el incumplimiento legal del gobierno canario a la hora de proteger a los menores que acoge y por parte de la Fiscalía que debería velar porque se haga, “el número de autorizaciones de residencia concedido a estos menores en 2020, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, es de 134 nuevas autorizaciones y 98 renovaciones realizadas de oficio. Esta cuestión, unida a la falta de solicitudes de protección internacional de menores extranjeros no acompañados, preocupa a esta institución y debería ser objeto de atención preferente por parte de la fiscalía, como supremo garante de los intereses de los menores”.

El Defensor vuelve a censurar en estas páginas, plagadas de datos que sin embargo el Gobierno suele negarse a ofrecer, la actuación de la fiscalía y policía por separar a niños de sus padres o adultos de referencia, algo que sucedió especialmente desde el verano y hasta que los medios de comunicación lo hicieron público.

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Sobre el número de solicitudes de protección internacional “formalizado durante 2020 en Canarias, entre las personas que han accedido de forma irregular, muestra con claridad la urgente necesidad de revisar el papel de estos dos actores: Policía Nacional y letrados de oficio” y es que de más de 23.000 llegadas en pateras, el número de solicitudes de asilo de este colectivo se limitó a 295 (189 de Mali, 74 de Marruecos y 32 de Senegal) lo que pone en evidencia el acceso al sistema de protección internacional.

Varapalo a las carencias en la asistencia letrada

“Se ha vuelto a constatar en las visitas realizadas que se producen lecturas de derechos y asistencias letradas colectivas. Los miles de personas que, durante meses, pasaron por el muelle de Arguineguín, estuvieron privadas de una asistencia letrada con las más mínimas garantías; por la falta de acceso a las instalaciones durante varios meses de los letrados y, una vez accedieron, por la carencia de un espacio que reuniese las condiciones mínimas para una asistencia individual. Se ha podido comprobar que, en ocasiones, los letrados ante la imposibilidad de mantener una conversación privada con su cliente, con asistencia de intérprete, se limitan a convalidar con su firma la resolución de devolución”. Un párrafo demoledor que deja en evidencia que durante meses los abogados de oficio, y sus respectivos colegios, no llevaron a cabo con todas las garantías la asistencia jurídica que deberían haber recibido las personas rescatadas.

“A juicio del Defensor del Pueblo, los letrados intervinientes, en cada caso, así como los colegios de abogados, han de velar porque la asistencia jurídica a la que tienen derecho los interesados, se produzca en condiciones que permitan realizar de modo efectivo la función constitucional encomendada” detalla. También deja en evidencia “la insuficiencia en el número de intérpretes y la falta de disponibilidad de personal que hable las lenguas de varios países del África subsahariana es una cuestión detectada de manera reiterada por esta institución durante las visitas a lugares de llegadas de pateras”, “se ha comprobado que en algunos casos no se cuenta con la asistencia de intérprete o se realiza de forma colectiva y por teléfono, a través de un altavoz” pormenoriza.

No se puede convertir a Canarias en un lugar de “privación de derechos tales como la libre circulación”

No solo para los solicitante de asilo o familias vulnerables, sobre la necesidad de traslados o de dejar mover libremente a los migrantes con pasaporte por el territorio nacional , el Defensor del Pueblo, al igual que ha dicho en reiteradas ocasiones sobre Ceuta y Melilla, denuncia “que no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada” en lo que es una crítica clara a las medidas impuestas por Interior que impiden el viaje de muchos jóvenes, que a pesar de tener el pasaporte en vigor, de compares sus billetes para salir a la península, son bloqueados por la Policía Nacional en puertos y aeropuertos.

También se “ha recordado a la Dirección General de la Policía el deber legal que le incumbe de impedir cualquier limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación y residencia, de los solicitantes de protección internacional que deseen trasladarse desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o desde la comunidad autónoma canaria a la Península”.

El Defensor del Pueblo recoge además una vieja reclamación de numerosas entidades sociales y de las propias familias de los fallecidos en el camino y exige que se cree algún órgano de información para aquellos que quieren saber qué ha pasado sn sus seres queridos, “siendo conscientes de las dificultades que la identificación de fallecidos y la atención a sus familias entraña en este contexto, el Defensor del Pueblo considera necesario encontrar una fórmula clara para dar respuesta a las familias, contribuyendo a su vez, mediante la documentación y seguimiento eficaz. Sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares”.

Según el Defensor, las disfunciones del actual sistema de acogida pueden resumirse sucintamente en las siguientes:

- Carencia de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad;

- Insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia;

- Inadecuación de las infraestructuras para la recepción en costas (CATES, centros de atención temporal) y escasez de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables, que agilice el traslado inmediato a las instalaciones adecuadas.

- Insuficiencias estructurales en la gestión y aplicación de los procedimientos aplicables a los ciudadanos extranjeros que, por distintos motivos, se encuentran en España.

Entre los llegados a las costas, se dan diferentes situaciones a las que son de aplicación procedimientos distintos (migrantes irregulares, personas necesitadas de acogida humanitaria, de protección internacional, que son objeto de trata o menores no acompañados):

- Inapropiadas instalaciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) e inadecuada gestión interna;

- Escasez de centros para la acogida humanitaria de personas vulnerables.

Un documento que desnuda totalmente las carencias de un sistema de acogida y de garantías legales que ha vuelto a fallar a pesar de que este país lleva recibiendo personas llegadas en pateras desde hace más de 35 años.