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El Supremo inadmite una querella de Izquierda Unida y Òmnium contra el rey emérito

Explica que las dos organizaciones se limitan a reproducir informaciones emitidas en prensa

La Fiscalía está a la espera de decidir si acusa de algún delito a Juan Carlos I relacionado con su fortuna

El Supremo denuncia "una profesionalización del ejercicio de la acción popular"

El rey emérito en una imagen de archivo / Mario Ruiz (EFE)

El rey emérito en una imagen de archivo

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir una querella presentada por Izquierda Unida, el PCE y Òmnium Cultural contra el rey emérito, Juan Carlos I, y su patrimonio. A la espera de saber si la Fiscalía denuncia o no al monarca por su fortuna, los jueces reprochan a estos partidos y organizaciones que hayan presentado una querella basándose sólo en información publicada en la prensa e inadmiten la querella denunciando además "una profesionalización del ejercicio de la acción popular".

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Las primeras actuaciones presentadas por estos partidos y organizaciones ya fue inadmitida por la sala de lo penal en abril de 2019 cuando trascendieron las conversaciones grabadas en las que Corinna Larsen, examante del monarca, hablaba de su fortuna millonaria y supuestas irregularidades en su gestión. Volvieron a la carga el pasado mes de agosto cuando solicitaron al Supremo que reconsiderase la situación a la vista de las nuevas revelaciones y la investigación abierta por la Fiscalía.

El Tribunal Supremo, a la espera de que la Fiscalia decida si denuncia o no al emérito en alguna de las tres causas que mantiene abiertas en torno a su patrimonio, decide inadmitir nuevamente la querella al entender, como la Fiscalía que "la información que parecen tener los querellantes a su disposición es aquella que ha sido facilitada por los medios de comunicación, en el legítimo ejercicio de la libertad de difusión informativa".

A lo largo de 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo comunicó la existencia de tres causas abiertas en torno al patrimonio del rey emérito. Una primera sobre el supuesto cobro de comisiones millonarias por su intervención en la adjudicación de la obra del AVE a La Meca a empresas españolas, una segunda por el uso de tarjetas opacas para pagar gastos personales y una tercera en torno al ocultamiento de parte de su fortuna en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. La defensa del emérito presentó una regularización fiscal que también analiza la fiscalía.

"Convertir noticias en causas"

El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ponente, explica que las noticias publicadas por medios de comunicación no pueden ser traducidas sin más en la apertura de causas por la vía penal. "Con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más", dice la sala en su auto dado a conocer este lunes.

Para el Supremo "los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito. La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular".

 
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