Un juez impone una orden de alejamiento al hombre que acosó a Iglesias y Montero en su domicilio
El juez ha impuesto esta medida tras la denuncia por acoso continuado del vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero
El acusado ha reconocido las numerosas ocasiones en las que acudió al domicilio para increpar a los dirigentes
El juez señala que el acoso nada tiene tiene que ver con el derecho de reunión
Pablo Iglesias e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados / Getty Images
Madrid
Tras seis meses de continuas protestas y de increpar a los dirigentes de Unidas Podemos frente a su domicilio, un juez de Collado Villalba ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros para Miguel F., denunciado por Pablo Iglesias e Irene Montero, y ha delimitado en un auto por qué su actuación no tiene que ver con la libertad de expresión y sí con el acoso.
En el juzgado de 1ª Instancia de Collado Villaba, el que corresponde por zona a la residencia de Iglesias y Montero, se presentó el pasado 14 de julio un atestado de la Guardia Civil de Galapagar, por un delito de revelación y descubrimiento, que afectaba a los dirigentes de UP e IU Pablo Iglesias, Irene Montero y Enrique Santiago y que se archivó el 15 de julio al no haberse presentado denuncia.
El mismo día, entró en el juzgado la denuncia de oficio de la Fiscalía Provincial de Madrid contra Miguel Frontera, el individuo que acudió en numerosas ocasiones al domicilio y al que la Fiscalía denunció por coacción, acoso y descubrimiento de secretos. En el mismo juzgado se acumuló la querella del propio Iglesias contra la misma persona, que desde el pasado verano acudió en numerosas ocasiones a la vivienda donde residen sus tres hijos menores, querella que fue ampliada el pasado 18 de diciembre y que se admitió para los tres delitos ya denunciados pero no para el de desorden público y contra el medio ambiente.
Tras las declaraciones vía telemática de Pablo Iglesias e Irene Montero, el 28 de diciembre, hoy el juez ha escuchado el testimonio del denunciado por hechos entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre.
El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, recoge las pruebas que se aportaron a la causa, entre ellas, las captura de pantalla, grabaciones de vídeo donde Miguel Frontera aparece en el domicilio y donde "aparece realizando unas acciones que lesionarían los derechos de Pablo Iglesias e Irene Montero, en la medida en que supondrían la utilización de unas expresiones objetivamente injuriosas, en diferentes fechas, algunas de ellas eb el Estado de Alarma, así como merodeando, sin motivo aparente, por las cercanías del domicilio".
Durante la declaración, según fuentes presentes en el interrogatorio, Miguel Frontera ha reconocido haber grabado un vídeo en el que puede verse a Iglesias dentro de su vivienda con tal nitidez que se distiguen "vistiendo una camiseta negra con letras blancas". Unos actos "que no estarían amparados por el derecho de reunión y manifestación ni por la libertad de expresion, pues, en principio, nada tiene qeu ver con el ejercicio de tales derechos la grbación del interior de una vivienda" señala escrito.
El auto también destaca que dichas acciones se realizaron "de manera reiterada, en un domicilio particular en el que viven tres menores de edad; circunstancia ésta que no es desconocida para el investigado".
La orden de alejamiento impuesta está justificada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la reiteración de los hechos; la existencia de tres menores de edad; y la necesidad de evitaar la comisión de nuevos delitos" teniendo en cuenta además que el investigado manifestó a los agentes "su empeño en seguir actuando de la misma forma". Además, apunta el juez, "no existe constancia de que Miguel Frontera tenga que realizar en galapagar" inguna actividad laboral o de otra naturaleza "que pueda verse afectad por la medida de alejamiento".
