El Consejo de Transparencia exige a Moncloa las comunicaciones entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Madrid

En una resolución firmada los últimos días de noviembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da 10 días de plazo a Moncloa (más en concreto, a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno) para enviar a quien lo solicitó a través del portal de la Transparencia las comunicaciones oficiales que han existido entre Presidencia del Gobierno y Casa Real.

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La petición, que ampara el Consejo, se refiere a todas aquellas realizadas entre el 1 de enero y el 5 de agosto de este año. Esta última fecha es la que figura en la petición inicial de información realizada a través del portal de la Transparencia y es dos días después de que la Casa del Rey hiciera pública la voluntad de Juan Carlos de abandonar España.

Moncloa nunca facilitó esa información al particular durante el pasado verano y, cuando este recurrió al Consejo de Transparencia, también optó por el silencio a la hora de presentar las alegaciones que le fueron solicitadas por el Consejo. Esa actitud, la ausencia de alegaciones, es motivo de reproche por el organismo encargado de velar por la transparencia al considerar que "dificulta" no sólo "la tramitación de los expedientes de reclamación iniciados ante este Consejo", también y como su consecuencia, "la debida garantía del derecho de acceso a la información que tanto la Constitución española como la LTAIBG y los Tribunales de Justicia, reconocen a los ciudadanos".

La información ahora exigida a la Secretaría General de las Presidencia se limita a "contenidos o documentos que, en el marco de las actividades por las que es de aplicación la Ley de Transparencia a la Casa de Su Majestad el Rey, se correspondan con comunicaciones cuyo acceso pueda quedar amparado en el control de la actividad pública, la toma de decisiones que afecten a los ciudadanos o al uso de fondos públicos".

Los 10 días de plazo para la entrega de la información se agotan a mediados de la semana que viene. En cualquier caso, la resolución del Consejo de Transparencia , puede ser recurrida por el gobierno ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en Madrid en el plazo de dos meses.

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