Al banquillo el exconsejero Alfredo Prada por el Campus de la Justicia de Madrid
El magistrado acusa a Alfredo Prada y cinco personas más de amañar contratos para el macroproyecto
El exconsejero Alfredo Prada en una imagen de archivo / Agencias
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido enviar a juicio a seis personas por los fraudes en diversos contratos públicos de la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid. Entre los procesados está Alfredo Prada, exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. El juez calcula un perjuicio a las arcas públicas de "cientos de millones de euros".
El juez considera que los seis acusados "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos" para este macroproyecto y que "elaboraron un plan criminal" para adjudicarlos de forma fraudulenta. La causa queda archivada contra María Lourdes Manovel y Paloma Mateo.
Para el juez, Prada estaba a la cabeza del plan y envía al banquillo a otras cinco personas que tenían puestos de responsabilidad en el Campus: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdiretor general técnico), Alicio de las Heras (director financiero) y Andrés Gómez Gordo (director de seguridad) además de Felix José García. Gómez Gordo, excolaborador de María Dolores de Cospedal en su etapa al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha declarado recientemente como imputado en la 'operación Kitchen'.
El magistrado habla de un posible agujero de "cientos de millones de euros" en este proyecto fallido de la Comunidad de Madrid: "La conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)".
"Una herramienta" para el Gobierno de Aguirre
El juez detalla cómo la mercantil usada para gestionar el macroproyecto no seguía criterios propios sino los de Prada y su departamento, y su comunicación y publicidad fue "una herramienta más de la Vicepresidencia y Consejería para sus propios fines institucionales con "notables irregularidades e ilegalidades" en los procesos de contratación.
