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La Comisión de Reconstrucción: el antecedente del acuerdo económico con Ciudadanos de cara a los Presupuestos

Las reunión entre Sánchez y Arrimadas ha dejado clara disposición de Ciudadanos para el acuerdo

Unidas Podemos ha dado un paso atrás en su veto a la formación naranja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el pasado miércoles en Moncloa. / Pool (Pool)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el pasado miércoles en Moncloa.

Madrid

La semana que ahora acaba ha supuesto el pistoletazo de salida para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Las reuniones del presidente Sánchez con los distintos grupos han permitido dejar claras algunas posiciones, como la negativa del PP a negociar, la disposición de Ciudadanos para el acuerdo, bien recibida por el PSOE, o las reticencias de ERC.

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También el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha dado un paso atrás en su veto a la formación naranja, pero los de Iglesias siguen sin ver con buenos ojos el pacto con el partido de Arrimadas porque quieren cerrar las cuentas con la mayoría de la investidura. Además, han logrado que el borrador previo se consensúe con ellos y tendrán voz en la negociación.

Con este panorama, una de las incógnitas es si sería compatible, y cómo, ese futuro borrador de PSOE-Podemos con los postulados de Ciudadanos, teniendo en cuenta las diferencias, sobre todo las fiscales, que separan a los dos partidos más jóvenes. Pero hay un antecedente muy reciente. Un foro en el que sí fue posible, la Comisión de Reconstrucción.

Y el guión de los inicios de esa Comisión se parece bastante al de estos días. Para empezar, el Gobierno pedía a todas las fuerzas, también al PP, que se sumaran a la negociación ante la gravedad de la crisis. “Ceder y dejar a un lado viejas dinámicas” llegaba a pedir la ministra de Hacienda y Ciudadanos recogía rápidamente el guante con un discurso parecido al de esta semana: “Queremos que esos pactos sirvan no para cambiar de Régimen, no para que el señor Iglesias se dedique a cuestionar la propiedad privada, sino para que se consensúen las medidas que el Gobierno está tomando”, decía Arrimadas a finales de abril.

Mientras, Unidas Podemos, como ahora, mantenía sus aspiraciones fiscales, incluido un impuesto a las grandes fortunas. Ya en la propia Comisión, Iglesias reivindicaba “la necesidad de reconstruir la justicia fiscal y dotarnos de instrumentos de recaudación eficaces tal y como marca nuestra Constitución”.

Con esa teórica incompatibilidad, socialistas y morados presentaban en julio los borradores y comenzaban a negociar. Cuatro documentos, dos fáciles de consensuar (Sanidad y Unión Europea), que salieron adelante con el si de los naranjas, incluso con el voto a última hora del PP que sin embargo vetó el resto de conclusiones, las más importantes, con argumentos que resultan familiares.

"El sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia", decía Pablo Casado a principios de julio, en referencia a la polémica generada por la no inclusión de la educación concertada. El documento social acabó rechazado con el no de los de Arrimadas agarrándose también a esa controversia.

Las claves del documento económico

Pero sí hubo acuerdo en el documento más importante, el que en teoría podría generar mas problemas entre Unidas Podemos y Ciudadanos y el que más recuerda, por su esencia fiscal, a unos presupuestos: el documento económico. Y la clave estuvo, más que en lo que incluía, en lo que no incluía ese documento. No estaba el impuesto a grandes fortunas que quería Unidas Podemos, no se concretaban subidas fiscales, por no estar no estaba ni la derogación de la reforma laboral.

Eran conclusiones genéricas. Por ejemplo, se comprometían a reducir la brecha fiscal con Europa, pero no se aclaraba cómo, más allá del impuesto a las transacciones ya en marcha. O se hablaba de avanzar en la progresividad fiscal, para que paguen más los que más tienen, pero tampoco se incluían medidas. Eso, unido a varias enmiendas de Ciudadanos fácilmente asumibles, como la flexibilización de los ERTES, derivó en el de los de Arrimadas y en el alejamiento de los partidos que facilitaron la investidura.

El documento salió adelante por solo tres votos con el de Ciudadanos, Más País y minoritarios como Teruel Existe, además de la abstención de Junts y Coalición Canaria frente al no de PP, Vox, pero también de ERC, Bildu o el PNV.

 
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