"Las personas que han perdido a familiares no están representadas en las acusaciones existentes"
Recurre ante la Audiencia Provincial la decisión de agrupar las acusaciones populares bajo la dirección letrada de una asociación de guardias civiles y otra de consumidores
"Las personas que han perdido a familiares, que verdaderamente puedan ser perjudicadas por estos presuntos actos prevaricadores, no están representadas en las acusaciones existentes", denuncia el abogado
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atiende a los medios de comunicación a su salida tras declarar ante la juez de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, como investigado por un delito de prevaricación por permitir concentraci / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
La representación legal de una víctima del coronavirus, que perdió a su padre por la pandemia, ha recurrido la decisión del juzgado 51 de Madrid de agrupar a todas las acusaciones populares del caso bajo la dirección letrada de una asociación de guardias civiles y otra de consumidores. El escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid explica que "lo que las víctimas, auténticas víctimas de esta presunta acción delictiva, deberían probar y acreditar en el presente procedimiento" no tiene nada que ver con esas dos acusaciones populares.
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La decisión fue tomada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel el pasado cuatro de junio, cuando ordenó que las diversas acusaciones populares personadas intervengan en le proceso "bajo la misma defensa y representación de los dos actores populares que cronológicamente han sido los primeros en prestar fianza", la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena "pudiendo elegir por tanto entre cualquiera de ellos".
La instructora se basó en el auto de enero de 2018 del Tribunal Supremo en el que el juez Marchena ubicó a las acusaciones populares del procés bajo la dirección letrada del partido ultraderechista Vox, la primera en personarse en la causa contra la Mesa del Parlament. Recordaba también que el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite agrupar estas acciones populares.
El resultado, para esta víctima del COVID según su recurso, es que no pudo participar en el interrogatorio al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y que por el momento su actividad queda sujeta a dos asociaciones que nada tienen que ver con su objetivo. "El fallecimiento del padre de nuestro principal no era más que consecuencia del presunto acto prevaricador consistente en autorizar todas y cada una de las manifestaciones en Madrid" y "la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional o la Asociación de Consumidores y Usuarios José Mena, nada van a aportar o interesar en relación a la acreditación de este vínculo de responsabilidad".
"No tenemos intereses comunes"
En declaraciones a la Cadena SER el abogado de esta víctima, Jorge Gonzalez (Lex Castellana) explica que "hemos recurrido porque no hay un interés de las verdaderas víctimas del COVID-19, las personas que han perdido a familiares, que verdaderamente puedan ser perjudicadas por estos presuntos actos prevaricadores, no están representadas en las acusaciones existentes". Las asociaciones de la Guardia Civil y de consumidores "no nos representan para nada, no tenemos intereses comunes".
Explica el letrado que "el criteiro que se ha utilizado ha sido el que ponga antes la fianza, y esto es legal, es posible, pero lo que dicen el Tribual Constitucional y el Tribunal Supremo es que tienen que valorarse los intereses de cada una de las partes para que sean intereses comunes, no por el mero hecho de haber pagado antes".
