La masacre de jesuitas españoles en El Salvador llega a juicio treinta años después
Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra dos exmilitares de los más de quince acusados
La Fiscalía pide 150 años de cárcel para uno y 5 para el otro
Ignacio Ellacuría en una imagen de archivo / Ministerio de Cultura de El Salvador
Madrid
Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la masacare de cinco jesuitas españoles y dos mujeres perpetrados en El Salvador hace ahora treinta años. En el banquillo se sentarán dos de los más de quince militares reclamados por la Justicia española con la Fiscalía pidiendo una condena de 150 años de cárcel para el supuesto instigador de los asesinatos y otros 5 años para uno de los supervisores de las ejecuciones.
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La matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en los pasillos de la Universidad Centro Americana. Para entonces el sacerdote vasco Ignacio Ellacuría y los jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno además del salvadoreño Joaquín López eran una de las caras visibles de los intentos de diálogo y negociación entre los militares del ejército salvadoreño y el movimiento rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un conflicto que dejó en torno a 70.000 muertos a lo largo de varias décadas.
Según explica la Fiscalía las ejecuciones fueron decididas al más alto nivel entre los militares y llegaron después de amenazas públicas - incluso a través de la radio - y llamamientos públicos a expulsarles del país por estar "lavando el cerebro de los estudiantes" de la Universidad de la que Ellacuría era rector y en la que todos trabajaban. La decisión de acabar con ellos, según las acusaciones, fue "consensuada" y se "implicaron varias instituciones del ejército" salvadoreño.
Los jesuitas fueron ejecutados de madrugada en la UCA: dos militares vaciaron los cargadores de sus rifles sobre los religiosos indefensos para después hacer lo mismo con Julia Elba y Celina Ramos, ama de llaves de la Universidad y su hija que "se agarraban la una a la otra". Los militares intentaron después atribuir los asesinatos al propio FMLN con una pintada en la pared: "El FMLN ejecutó a los enemigos espías Victoria o muerte, FMLN".
Dos militares en el banquillo
La causa abierta por la Audiencia Nacional hace más de diez años por estos asesinatos cometidos contra españoles ha constituido uno de los casos más complejos de justicia universal instruidos en la calle Génova de Madrid. Finalmente dos militares de los más de quince reclamados por el juez se sentarán en el banquillo: el coronel y viceministro Inocente Orlando Montano y el teniente René Yushsy Mendoza. El primero, según la Fiscalía, apoyó la decisión de asesinar a los jesuitas y el segundo ha reconocido haber participado en el operativo y haber supervisado los asesinatos.
El alcalde de Portugalete (Vizcaya), Mikel Cabieces, durante la ofrenda floral ante el busto del jesuíta Ignacio Ellacuría / Alfredo Aldai
El alcalde de Portugalete (Vizcaya), Mikel Cabieces, durante la ofrenda floral ante el busto del jesuíta Ignacio Ellacuría / Alfredo Aldai
La Fiscalía pide 150 años de cárcel para Montano y 5 años para Mendoza, teniendo en cuenta que el segundo seguía órdenes cuando actuó y que además ha colaborado "muy activamente" con la Justicia española para esclarecer los crímenes. para el Ministerio Público "tema notablemente disminuida su capacidad electiva, toda vez que la desobediencia a una orden directa del Estado Mayor y sus superiores jerárquicos, suponía una amenaza real, seria e inminente contra su vida o integridad física o la de su familia".
El juicio llega después de un arduo proceso de entrega después de diversas negativas de las autoridades salvadoreñas para entregar a los más de quince militares acusados y después de que finalmente Estados Unidos accediese a entregar a Montano en 2017. Recientemente la Audiencia Nacional prolongó su estancia en prisión para asegurar su presencia en el juicio.
"Es un juicio histórico"
"Es un juicio histórico que llega después de más de 30 años de impunidad", destaca el abogado de la acusación Manuel Ollé en declaraciones a la Cadena SER. "Es una justicia absolutamente debida para los mártires jesuitas, que fueron asesinados por su compromiso social con todas las personas, con los más necesitados y los más vulnerables, por haber defendido a sus conciudadanos ante los abusos y la tiranía del poder, porque buscaron la paz en el país", explica.
