La Fiscalía del Supremo niega presiones del Gobierno en los procesos judiciales sobre el coronavirus
En un escrito de respuesta al abogado Curro Nicolau explica que "no ha percibido esta Fiscalía intento de presión alguno que por supuesto no habría admitido"
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Trabajadores de proteccion civil se desinfectan contra el coronavirus en una carpa instalada en el hospital del PTS de Granada / Álex Cámara - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
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Madrid
La Fiscalía niega estar recibiendo presiones del Gobierno para condicionar su actuación en los procesos judiciales relacionados con el coronavirus. En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER la Fiscalía del Tribunal Supremo, respondiendo a un recurso del abogado Curro Nicolau, explica que "no ha recibido esta Fiscalía intento de presión alguno que, por supuesto, no habría admitido".
Se trata de un escrito firmado por el fiscal Pedro Crespo en el que contesta al recurso presentado por Nicolau contra la decisión del Supremo de declararse incompetente para estudiar recursos contra el Real Decreto que impuso el estado de alarma. Una de las alegaciones del letrado pasaba por cuestionar la actuación del Ministerio Público y la Abogacía del Estado por "la presión que el Gobierno de la nación realiza".
Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado piden rechazar este recurso, aunque la Fiscalía se abre a que pueda ampliar su recurso a otra de las órdenes dictada por el Ejecutivo pero es muy tajante a la hora de negar estas presiones: "Que quede constancia, para tranquilidad de la Sala y de las partes, que no ha recibido esta Fiscalía intento de presión alguno, que por supuesto no habría admitido, y que de hecho razones de elemental sentido común sugieren que resultaría bastante sorprendente, por no decir absurdo, el eventual despliegue de tal - y tan inútil - esfuerzo gubernamental para terminar logrando que el Fiscal se limite simplemente a exponer sucintamente, como hizo en su informe, el nítido contenido de la jurisprudencia clara y consolidada sobre la materia".
Se trata de un escrito en el que contesta al recurso del abogado Nicolau contra el auto de 4 de mayo en el que el Supremo dictaminó que la competencia para estudiar las impugnaciones de este Real Decreto corresponde al Tribunal Constitucional.