La Fiscalía recuerda que el estado de alarma no prohíbe las manifestaciones de forma automática
El fiscal del Supremo Pedro Crespo envía un escrito invitando a estudiar cada convocatoria y la fase del territorio
Recuerda que el estado de alarma no suspende derechos como el de manifestación
Varias personas protestan con banderas de España durante la manifestación en contra de la gestión del Gobierno de España durante la pandemia de coronavirus COVID19 celebrada en la puerta de la sede del PSOE en Pamplona / Eduardo Sanz / Europa Press (Eduardo Sanz / Europa Press)
Madrid
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha enviado un escrito a los fiscales de todo el país con los pasos a seguir ante las convocatorias de manifestaciones en pleno estado de alarma. Un documento en el que el Ministerio Público recuerda que el estado de alarma no suspende el derecho constitucional de reunión e invita a estudiar cada caso y las circunstancias de cada convocatoria, sobre todo la fase en la que se encuentra el territorio donde se quiere celebrar teniendo en cuenta, en cualquier caso, que proteger la salud pública es un "interés público esencial” que “demanda en los momentos excepcionales presentes toda la tutela posible”.
El escrito, adelantado por El Mundo, está firmado por el fiscal Pedro Crespo y es enviado "a la vista del considerable número de consultas" elevadas desde diversos territorios sobre este asunto. Explica en primer lugar que "la vigencia del estado de alarma y/o la invocación" del Real Decreto "no constituyen por sí mismos justificación jurídica apta y suficiente para la prohibición o propuesta de modificación de una reunión o manifestación" teniendo en cuenta el requisito constitucional de ser comunicadas previamente.
No se pueden prohibir automáticamente pero eso, según Fiscalía, "no significa, obviamente, que la situación sanitaria generada por la epidemia de COVID-19 (...) pueda ser ignorada o relativizada", debiendo analizarse cada caso: tanto la fase en la que se encuentra el territorio como las medidas de seguridad propuestas por los organizadores para que la concentración no afecte a la salud pública.
La crisis sanitaria, explica, "ha ido evolucionando incesantemente, hasta el punto de haberse iniciado ya el denominado proceso de desescalada, que se articula en sucesivas fases" conuna normativa "en continuo ajuste". Debe estudiarse cada caso, como hizo el Tribunal constitucional, pero "ajustando su lógica a las condiciones actuales de modo que pueda garantizarse de manera real y efectiva el respeto estricto a las medidas de prevención del reisgo de contagio que rigen cada una de las fases".
"Un interés público esencial"
En su escrito el fiscal Crespo cita dos resoluciones dictadas en las últimas semanas: el auto del Tribunal Constitucional que avaló prohibir una manifestación en coches en Vigo y un auto del Tribunal Supremo en el que impuso al Gobierno informar cada quince días sobre el reparto del material de protección a sanitarios. El primero, recuerda, afirmó que "la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no solo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante".
El segundo, dictado a finales de abril por la sala de lo contencioso-administrativo, explicó que "la preservación de los derechos a la integridad física y a la salud de los profesionales sanitarios" supone un "interés público esencial demanda en los momentos excepcionales presentes toda la tutela posible".
