La Fiscalía no recurrirá las cautelares impuestas al Gobierno por el Tribunal Supremo

Madrid

La Fiscalía no recurrirá las medidas cautelares impuestas al Gobierno por el Tribunal Supremo sobre el reparto de material de protección a los sanitarios que luchan contra el coronavirus. El Ministerio Público ha decidido no impugnar la decisión de los jueces de lo contencioso-administrativo, a la espera de lo que decida hacer la Abogacía del Estado y a la espera ya también de que los magistrados dicten sentencia y decidan revisar estas cautelares durante el proceso.

La decisión del Supremo llegó hace tres días: los jueces, después de rechazar una petición de medidas cautelarísimas, rechazaban también las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) pero imponían dos según su criterio: instar al Gobierno a adoptar "todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios" y además obligar a Sanidad a dar cuenta de estas medidas cada quince días a través de un informe.

La Fiscalía, según confirman fuentes del organismo a esta emisora, ha optado por no recurrir aunque en un primer momento se opuso a esas medidas cautelares. El fiscal Pedro Crespo calificó en su escrito de "inútiles e inoperantes" las "medidas de contenido puramente retórico, como las que puedan imponerse a los poderes públicos para que actúen si fuera posible o en cuanto puedan obtener los medios", rechazando que "el Tribunal Supremo, o el Poder Judicial en su conjunto, actúen como instrumento o agente de presión o incentivación actual y activa sobre las Administraciones responsables".

Ahora el proceso sigue adelante en dos caminos paralelos. Por un lado el ejecutivo tendrá que remitir un informe cada 15 días que servirá a los jueces para saber si se está cumpliendo esa medida cautelar relativa al reparto de material en base al artículo 12.4 del Real Decreto de estado de alarma. Por otro, los jueces de lo contencioso-administrativo seguirán examinando el caso para, llegado el momento, dictar una sentencia que analice si realmente se ha producido una "inacción" del ejecutivo a la hora de proteger a los sanitarios.

Otros procedimientos

Este no es el único procedimiento seguido en torno a la acción del Gobierno en esta crisis aunque sí es de los pocos que se siguen en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y el único en el que se acusa al ejecutivo de "inacción". Juzgados de lo social de todo el país han dictado más de medio centenar de autos imponiendo en su mayoría medidas cautelarísimas a distintas administraciones tanto a nivel nacional como regional para asegurar la entrega de material de protección a trabajadores de distintos sectores.

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En algunos de estos casos, y por la jurisdicción de lo social, la Fiscalía si ha decidido presentar recursos, por ejemplo ante el juzgado de lo social 13 de Madrid que obligó al Ministerio de Justicia a finales del pasado mes de marzo a entregar material de protección a los fiscales y trabajadores de sus Oficinas en un plazo de 24 horas.

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