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Trasladan al exdirector de Pémex, Emilio Lozoya, a la cárcel de Navalcarnero

El exdirectivo permanecerá ingresado en la prisión madrileña mientras dure el proceso de extradición a México, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias

Emilio Lozoya, en una fotografía de archivo. / Getty Images

Emilio Lozoya, en una fotografía de archivo.

Madrid

El exdirector general de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Málaga, donde se encontraba desde el pasado 13 de febrero, a la cárcel de Madrid IV, en Navalcarnero. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, el traslado a Madrid se ha llevado a cabo por cuestiones administrativas y con el fin de que se encuentre cerca de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, donde se instruye su procedimiento de extradición a México.

Lozoya fue detenido en Madrid el pasado 12 de febrero por agentes de Fugitivos de la Policía y de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Málaga a la salida de una urbanización en Benahavís (Málaga). Sobre el empresario pesaba una orden de detención internacional desde el pasado mayo de 2019. 

Lozoya estaba prófugo y en paradero desconocido desde que la Fiscalía General de la República (FGR) de México le acusó de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes. La detención se ha producido por presuntos delitos de cohecho y corrupción en los negocios. Se le acusa de un fraude de al menos 280 millones de dólares en un entramado urdido con la ayuda de familiares.

 El juez Ismael Moreno decretó prisión provisional para Lozoya al apreciar alto riesgo de fuga dado su nivel adquisitivo, sus contactos para ocultarse en Europa, sumado a que en el momento de su detención llevaba documentación falsa. 

El director de Pemex entre 2012 y 2016, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según el auto de prisión, está acusado de liderar a un "entramado de corrupción" por el que se le imputan delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita con una pena máxima de 15 años.

La acusación se basa, según el escrito, en que Lozoya adquirió un inmueble con el propósito de ocultar el origen de los recursos y con el contubernio de los imputados Alonso Anciara Elizondo y Gilda Lozoya, los cuales "crearon un elaborado esquema destinado a operar con recursos de procedencia ilícita". Todo ello, con el fin de ocultar sobornos "procedentes de contratos ilícitos desde petróleos Mexicanos" y causando un grave perjuicio al patrimonio público y al Estado Mexicano.

 
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