El Gobierno del PP gastó 500.000 euros en fondos reservados para proteger al partido del caso de su caja b

Madrid

El Gobierno del Partido Popular gastó 500.000 euros de fondos reservados, dinero público, para proteger al propio PP del caso de su caja b, según fuentes del caso consultadas por la Cadena SER.

La SER ha accedido a información todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo que revela que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 a la operación Kitchen, en la que el comisario Villarejo y el resto de la policía política, supuestamente espiaron a Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas que comprometieran a dirigentes de la formación conservadora.

La documentación secreta a cuyo contenido ha accedido la SER también corrobora que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

500.000 euros en sobornos, espionaje y hasta un secuestro

Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar. Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja b.

Supuestamente, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaban al corriente de las verdaderas intenciones del amplio dispositivo desplegado para esta operación. La mayoría eran "operativos ciegos" que en realidad creían que estaban auxiliando al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa, según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato.

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El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que investiga esta causa, citó a declarar como imputado a Pino, quien aseguró que un comisario como Villarejo tenía un elevado nivel de interlocución en el Gobierno del PP. Sostuvo que ante las quejas del entonces DAO por el trabajo de Villarejo al ministro Jorge Fernández Díaz, éste le comunicó que había recibido el mensaje del presidente, Mariano Rajoy, para que "trataran bien" al comisario encarcelado desde 2017. El juez también citó como imputado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien se negó a declarar.

Los fondos reservados están sometidos a "especial control" y su uso compete "en exclusiva" al ministro

La ley 11/1995 que regula estos fondos es muy clara. Dice que deben estar dotados de un "especial sistema de justificación y control" y que solo pueden ser destinados a la "defensa y seguridad del Estado". Algo que "es obvio" que en este caso no ocurrió, según las fuentes jurídicas consultadas.

La ley también establece que corresponde "exclusivamente" al ministro, en este caso Jorge Fernández Díaz, determinar la "finalidad y destino" de esos fondos.

El ministro debe informar al presidente y al Congreso sobre el uso de los fondos reservados

Además, la ley deja claro que el ministro debe informar "periódicamente" al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos, y "semestralmente" a la comisión del Congreso sobre secretos oficiales.

Las fuentes consultadas intentarán averiguar si Fernández Díaz informó y en qué términos, tanto a Mariano Rajoy como a los diputados.