El Tribunal de Cuentas denuncia falta de control en el dinero que la Iglesia recibe de la casilla de la renta

Madrid

Las conclusiones provisionales del Tribunal de Cuentas tras auditar por primera vez la Asignación Tributaria de la Iglesia Católica confirman lo que era un secreto a voces: que no hay ningún control sobre la justificación del dinero.

El organismo denuncia, en lo que todavía es un "proyecto de informe", que la Conferencia Episcopal no acredita de manera adecuada a qué destina el dinero que recibe de los contribuyentes.

El tribunal lo atribuye a la falta de criterios acordados entre la Iglesia y el Estado para esa justificación: "No existen acuerdos entre el Estado y la Santa Sede o normativa estatal que regulen los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener la memoria ( que anualmente presenta la Iglesia Católica)", se afirma en el borrador, adelantado por Infolibre y al que ha tenido acceso la cadena SER.

Esta falta de normativa provoca que la memoria para explicar a qué se destina el dinero se haga en función de lo que decidan los obispos. Además el Tribunal señala que no se corresponde con lo que debe ser una auténtica memoria justificativa sino con una memoria de actividades, que no es lo mismo. El Tribunal ha detectado además un desfase de 300.000 euros en el ejercicio de 2017 entre el dinero recibido y lo justificado por la Conferencia Episcopal.

El documento, que aún debe ser aprobado por el pleno del Tribunal, también arremete contra la desidia de la administración a la hora de controlar la asignación a la Iglesia. "Se ha constatado que la Administración general del Estado no realiza informe alguno en relación con las memorias presentadas por la Iglesia. El Estado tampoco dispone de mecanismos internos que aseguren una actuación coordinada en torno a la memoria justificativa", se lee en las concluisones.

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Y hay más: "La Administración General del Estado carece de información precisa del destino de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria, por lo que no puede distinguir entre los fondos que tiene como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas y, de esta forma, asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria y, en particular, al principio de la libre concurrencia".

El informe provisional también destaca que la Iglesia ha tenido superávit —de más de 19 y 15 millones de euros, respectivamente— en los ejercicios de 2016 y 2017, una situación no prevista en los acuerdos con la Santa Sede.

También recuerdan que esos pactos incluyen que el Estado colabore en el "adecuado sostenimiento de la Iglesia" mientras que esa se compromete a "avanzar su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Conceptos que considera indefinidos y cura "ausencia de concreción impide que se pueda realizar evaluación alguna del alcance de dicho propósito".

El Tribunal de Cuentas también ha auditado "las exenciones fiscales y los beneficios fiscales recibidos por las confesiones religiosas". Las conclusiones revelan que la Iglesia no tiene obligación de comunicar a la Agencia Tributaria si se acoge al regimen fiscal de entidades de ánimo de lucro y a los beneficios de la ley de mecenazgo, en contra de lo que ocurre con otras organizaciones o asociaciones que pueden acogerse a este régimen que "están obligadas a hacerlo". Esa falta de comunicación hace que muchas entidades religosas tengan para la AEAT un regimen fiscal "indeterminado".

También se ha analizado el pago que hacen estas confesiones del Impuesto de Sociedades. "Del total de 27.073 entidades categorizadas como confesiones religiosas, segñun el criterio de la Agencia Tributaria (AEAT), excluyendo el País Vasco y Navarra, sólo 2.269 estaban obligadas a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades (IS). La AEAT no tiene constacia ni los reconocimientos efectuados por el Ministerio de Hacienda ni de las entidades menores incluidas en las declaraciones de las entidades eclesíasticas de ámbito superior. En la base de datos de la AEAT no fue posible comprobar la presentación del IS de 47 de las 70 diócesis".

La organización Europa Laica, que lleva años denunciado la falta de transparencia de la asignación a la Iglesia y sus beneficios fiscales, señala que el Tribunal de Cuentas "en sintonía con lo que Europa Laica viene denunciando sobre la memoria de la Iglesia, constata no puede ser considerada como tal sino solo una simple relación de actividades confesionales que no responde a lo realmente acordado de justificar los gastos de los ingresos tributarios recibidos. Como consecuencia, el Tribunal declara que la Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de esta Asignación pública que se transfiere a la Iglesia católica, por lo que no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles que vulneraría la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado. Por ejemplo, con la aportación del IRPF que realiza para mantener a 13TV, la Cadena COPE u otras entidades de la Iglesia".

La organización cree que el informe "corrobora las denuncias que venimos haciendo acerca de todo este tinglado confesional y el carácter de patraña que tiene la Memoria nada justificativa de la Iglesia católica, haciendo responsable de ello a la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control del dinero público regalado a la Iglesia católica, además de por contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado" y reclama al Gobierno que denuncie los acuerdos con "la Santa Sede los existentes con las confesiones minoritarias y cualquier legislación de privilegio, acabando de una vez con este vergonzoso sistema de subvencionar organizaciones privadas con los impuestos de todos, con una Iglesia católica que, de forma arrogante, ni siquiera justifica en qué los emplea".