El Supremo niega el indulto al guardia civil que mató a un vecino de Cudillero: cumplirá condena en prisión
El Supremo rechaza su recurso contra la decisión del Gobierno de no indultarle
Fue condenado a 5 años matar de varios disparos a un hombre borracho que le agredió con una pala
Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo / Cadena SER
Madrid
El guardia civil de Asturias condenado por matar de seis balazos a un hombre borracho que le agredió con una pala tendrá que entrar en prisión. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Gobierno de no concederle el indulto después de ser condenado a cinco años de cárcel por un delito de homicidio: el agente esperaba el indulto en libertad y ahora tendrá que entrar en prisión.
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Los hechos ocurrieron en la parroquia asturiana de Soto de Luiña, en el concejo de Cudillero, en septiembre de 2009, cuando el acusado y otra agente de prácticas estaban patrullando y acudieron a un bar alertados por la conducta de un sexagenario borracho. Tuvieron que seguirle hasta su domicilio y fue allí donde el hombre agredió al agente con una pala de dientes en el pecho: el agente, que sufrió una "leve inflamación", respondió causándole la muerte de cinco disparos.
La Audiencia Provincial le impuso cinco años de prisión por homicidio, negándose a entender que debía ser absuelto por haber actuado legítima defensa, y obligándole también a indemnizar con 20.000 euros a la viuda y 45.000 euros a cada uno de los siete hijos de la víctima. Fue en abril del año pasado cuando el Consejo de Ministros le negó el indulto, una resolución que el agente ha esperado en libertad.
Una decisión que ahora ha confirmado la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo con el magistrado Francisco Javier Borrego como ponente. El alto tribunal rechaza, como afirmaba el acusado, que haya algún error en los informes aportados al expediente, recordando que "no hay informe posible sobre la conducta de un penado que no está en prisión cuando el informe se emite".
Recogida de firmas
La sentencia explica que la Audiencia Provincial, después de que el Supremo declarara firme su condena, decidió suspender su ingreso en prisión hasta que el Consejo de Ministros tomase una decisión sobre su petición de indulto ahora denegada. Los jueces también establecieron que el Estado debía hacerse responsable de las indemnizaciones de la familia en calidad de responsable civil subsidiario.
Desde hace cuatro años la familia de la víctima, Severino Gallego, exige a través de la plataforma Change.org que no se le conceda el indulto y que cumpla condena en prisión. "Sólo queremos que abandone el puesto de trabajo por su demostrada falta de profesionalidad, que el Gobierno no le conceda el indulto y cumpla la condena" de cinco años de cárcel.
En su momento, el jurado popular que participó en su enjuiciamiento entendió que había que aplicarle una "eximente incompleta de legitima defensa" aunque fuera considerado culpable, algo que hizo posteriormente la Audiencia Provincial. Según publicaron en su momento medios como El Comercio o La Nueva España el jurado también se mostró favorable por mayoría a la concesión del indulto.
