Los controladores irán a juicio sin las grabaciones de los días del caos aéreo
119 de los 133 controladores acusados ratificarán el pacto con la fiscalía en las próximas sesiones de la vista oral
Una decena irá a juicio, entre ellos, el entonces líder del sindicato USCA, Cesar Cabo, que declarará el 29 de enero
Interior de la sala en la que se ha desarrollado la primera jornada del macrojuicio a los controladores aéreos / Jesús Hellín - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
La vista oral ha arrancado con la presencia de 30 de los 133 controladores acusados, de los cuales 119 reconocerán los hechos mediante un acuerdo con la Fiscalía. El pacto implica multas de 15.000 a 30.000 euros de multa —dependiendo de los casos y agravantes— y hasta cinco meses de suspensión de sueldo por un delito de abandono de la función pública.
Las defensas de los 14 controladores que no han conformado el pacto y afrontarán el juicio han pedido escuchar las grabaciones de Enaire, entonces AENA, durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010 que llevaron al cierre del espacio aéreo y al decreto de estado de alarma. Una diligencia que ha sido rechazada por la magistrada del juzgado de lo penal número 18 de Madrid, Margarita Valcarce, que ha alegado que después de casi 10 años de instrucción “no es el momento de admitir las grabaciones”, cuya inclusión y difusión se solicitó hace un mes y habían sido incluso rechazadas por las defensas en otras ocasiones.
Entre quienes se sentarán en el banquillo está Cesar Cabo, el entonces portavoz del sindicato mayoritario USCA, cara visible de los controladores durante el conflicto, que está citado el 29 de enero, junto al representante de Enaire, responsable civil.
Por parte del ministerio público, la fiscal Ana Sánz, ha reiterado los argumentos esgrimidos en el escrito de acusación, y ha insistido en que abandonaron su puesto de trabajo causando un perjuicio para miles de pasajeros. Una acción "colectiva y concertada", como sostiene también la Abogacía del Estado.
La letrada de la Administración, Rosa María Seoane, tiene la intención de concretar qué cantidad han desembolsado los controladores en concepto de indemnizaciones y que ronda los 15 millones de euros.
EL actual portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, en declaraciones a los medios a la entrada de los juzgados, asegura que venían "denunciando durante todo el año carencia de personal" y fue el Gobierno quien decidió montar "un follón de tal calibre para no trabajar bajo el código del estatuto de los trabajadores sino bajo régimen militar. No cerramos el espacio aéreo porque no teníamos potestad para hacerlo". E insiste en que "todo el mundo se presentó al relevo y todo el mundo estaba trabajando, no hay ningún controlador que abandonara su puesto de trabajo".
