Argelia mete a los ministros de Bouteflika en la cárcel para empujar al pueblo a votar
Sigue el pulso entre el ejército en el poder y los ciudadanos argelinos que se oponen a las elecciones presidenciales del 12 de diciembre
Una de las manifestantes se pregunta qué está haciendo el Gobierno ahora. "Lo que suelen hacer", se responde / MOHAMED MESSARA (EFE)
Argel
“A pesar de la ira del pueblo, la autoridad quiere obligar a votar, y nosotros decimos: No”, son las palabras de una abogada a la puerta del Tribunal de Argel el martes después de que el juez condenase a cuatros exministros del gobierno de Abdelaziz Bouteflika a penas de 10 a 20 años de prisión, entre ellos los dos primeros ministros Ahmed Ouyahia (15 años) y Abdelmalek Sellal (12 años).
La mayor condena recayó sobre el exministro de Industria, Abdeslam Bouchoureb, que huyó del país. El abogado a la salida explicó que “tiene una orden de búsqueda internacional, es cosa de la Interpol no solo de Argelia. Esté donde esté lo pueden detener, pero el problema es que no tenemos acuerdos judiciales con algunos países. Su extradición puede afectar a la diplomacia porque hay países que no colaboran y te piden muchas cosas a cambio, pero Argelia no va a acceder a los caprichos externos”.
La primera vez que ocurre algo parecido desde que Argelia consiguió la independencia de Francia en 1962. A la salida del proceso, el abogado explicó a los periodistas cómo se podría recuperar el “dinero ilícito de la corrupción”, “embargando los bienes propios adquiridos de los detenidos por corrupción y devolviéndolo a la caja nacional. Eso es lo que pide el pueblo, que tienen que devolver todo lo robado. Según la sentencia también embargarán los bienes de los familiares directos de los detenidos -hijos y mujeres-”. Palabras para tranquilizar a los argelinos a dos días de las elecciones.
El juez condenó además a varios empresarios. Según la Fiscalía, “existen pruebas de que todos los acusados se beneficiaron de una red corrupta y desviaron fondos ilícitos para financiar la campaña de Bouteflika”.
En todos los casos van a apelar, y se repetirá el proceso a partir de un mes y medio o dos meses, como contempla la ley. En esta ocasión en la Magistratura.
Con este juicio rápido, que comenzó el 4 de diciembre, y una sentencia tan rotunda a dos días de las elecciones presidenciales, a la que se oponen los argelinos, el gobierno interino y el jefe del ejército han intentado dar un golpe de efecto para que los ciudadanos acudan a votar. “No es el momento de detenerlos ahora, ya han fastidiado el país, pero ahora con este proceso dejan lo que importa a un lado, mientras debemos enfocarnos en otras cosas”, decía una estudiante durante la marcha.
De hecho, los argelinos salieron el martes a la calle para acompañar a los estudiantes en la marcha habitual de los martes, que ha sido la más multitudinaria desde que comenzaran las protestas el 22 de febrero. Y de nuevo, el miércoles los ciudadanos se concentraron en el centro de Argel para celebrar el 59º aniversario del 11 de diciembre de 1960, cuando todo el país salió a la calle para enviar un mensaje a las autoridades francesas coloniales de que Argelia era argelina y no francesa. Jornada que terminó con arrestos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
En los cánticos, los manifestantes agradecen a la diáspora el boicot por no acudir a las urnas en los consulados argelinos en el exterior habilitados desde el sábado para votar.
En Argel, la policía antidisturbios acompañó a los manifestantes durante toda la ruta y los cercó al principio y al final de la marcha con furgones. Además, un helicóptero sobrevoló la marcha, que discurrió pacificamente. Sin embargo, en Annaba, la localidad natal del jefe del Estado Mayor, el general Ahmed Gaid Salah, “las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y porras para dispersar las protestas”, según informaron los ciudadanos en videos colgados en la redes sociales, que además hablan de “varios heridos y arrestos en vehículos policiales”.
