Jueces para la Democracia irrumpe en la campaña con propuestas para un debate sobre derechos fundamentales

Madrid

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha elaborado un documento en el que exponen sus propuestas después de observar que "el debate público hasta el momento ha girado exclusivamente en torno a temas identitarios y al discurso provocador y estridente de algunos dirigentes políticos". Añaden que "el resultado electoral es del todo incierto como inciertas son las previsiones de crecimiento de la economía española para los próximos años", señala la asociación, "lo que puede provocar recortes, mayor desempleo, desigualdad y precariedad"

Aprovechando la campaña electoral, Juezas y Jueces para la Democracia presenta una serie de propuestas dirigidas a la sociedad y a las diferentes formaciones políticas que comprenden desde el fortalecimiento de la independencia judicial hasta la defensa del servicio público de la justicia.

"Proponemos un Código del Consumidor y que la vivienda familiar no pueda ser objeto de ejecución más que de forma excepcional, de modo que mientras que los poderes públicos no garanticen una alternativa habitacional a sus moradores, no puedan hacerse efectivos desahucios o desalojos, garantizando así el derecho establecido el artículo 47 de la Constitución".

"Reclamamos la aplicación del Convenio de Estambul como respuesta integral con perspectiva de género y de derechos humanos a todas las manifestaciones de la hoy discutida violencia de género".

"Denunciamos la actual política criminal "pampenalizadora e hiperpunitiva". Para Jueces para la Democracia existe una tendencia, "desde muy diferentes opciones ideológicas, a recurrir al Código Penal para dar respuesta a cualquier problema social".

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Jueces para la Democracia vuelve a pedir la derogación de la "ley mordaza" y su sustitución por una norma mas respetuosa con los derechos fundamentales. "El balance de esta ley ha sido muy negativo. Ha provocado un "efecto desaliento" en los movimientos sociales y en la protesta ciudadana. El aumento indiscriminado de sanciones y su cuantía ha reforzado el brazo punitivo del Estado justamente por la vertiente menos garantista y más dada la arbitrariedad, la administrativa".

Sobre la movilidad humana, la asociación señala que "queremos hacer especial hincapié en los menores extranjeros no acompañados para los que reclamamos se les aplique el estatuto jurídico de la protección a la infancia, con respuestas educativas y no sancionadoras".

En el ámbito de la igualdad, "destacamos la necesidad de eliminar la brecha salarial, así como una participación equilibrada de hombres y mujeres en el sector público y privado, con medidas positivas de carácter obligatorio".

Finalmente, sobre las reformas laborales, la asociación propone una modificación de la Constitución a fin de establecer un porcentaje de gasto social en relación al P.I.B. y una renta mínima garantizada. Se trata, en definitiva, de una defensa de los derechos fundamentales y las garantías, especialmente con los grupos más vulnerables".