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Los parques solares autorizados superan ya la programación del gobierno para 2030

La potencia de energía solar autorizada es mayor que la de todas las centrales ahora en servicio en España

UNEF pide más controles para evitar la especulación

Placas solares fotovoltaicas. (Getty Images)

Placas solares fotovoltaicas.

Madrid

En España hay solicitudes para instalar 114.000 Megawatios de energía solar fotovoltaica. Más que toda la potencia eléctrica ahora en uso en nuestro país, que ronda los 100.000 Mw. Y tienen permiso de instalación nuevos huertos solares que suman bastante más que lo programado por el gobierno para 2030.

Las plantas solares autorizadas que aún no están servicio suman 44.000 Megawatios de potencia, según los datos de Red Eléctrica. Sus promotores asumen el compromiso de que estén disponibles en un plazo de cinco años. Así que en teoría podrían entrar en servicio bastante antes de 2030. Un año para el que la previsión del gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -PNIEC- remitido a Bruselas es de 34.000 Mw fotovoltaicos.

Avales e hitos

El compromiso de los promotores viene reforzado por la imposición de avales, que se perderían en caso de que la central no esté terminada en el plazo previsto. Pero los proyectos figuran como tales durante cinco años, aunque al final algunos puedan abortarse.

La asociación fotovoltaica UNEF teme que una parte de las solicitudes pueda obedecer a un interés especulativo. Su director general José Donoso plantea que los proyectos ya autorizados tengan que cumplir hitos intermedios -antes de los cinco años- para no perder los avales. "Que haya una serie de hitos intermedios según los cuales si esta empresa no cumple esos hitos, pierda los avales y pierda su punto 0 de conexión a la red". eso permitiría -dice- que si se ve que hay dejadez en la ejecución del proyecto "no haya que esperar cinco años para cerrar ese punto de conexión y otra empresa lo pueda aprovechar".

Conexión a la red

Pide también que no se autorice ningún proyecto si no presenta un contrato que garantice el uso del suelo en el que está prevista la instalación. Y que sea Red Eléctrica la que gestione las solicitudes de acceso a la red, y no empresas que puedan estar vinculadas a otras también interesadas en esa conexión, porque "se corre el riesgo de que sean parciales", dice.

 

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