La Comunidad de Madrid defiende ante el Supremo la venta de vivienda pública a un fondo buitre
Tanto el gobierno regional como el fondo de inversión Azora llevan la anulación de la venta ante el Tribunal Supremo
Defiende que la venta "se fundamentó en razones de interés público, sin merma de los derechos de los inquilinos"
Protesta contra los fondos buitre en Madrid / Alberto Pozas
Madrid
La Comunidad de Madrid y el fondo de inversión Azora han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas en 2013. En su recurso, también presentado ante una sala especial del Tribunal Superior de Madrid, el gobierno regional defiende que la venta perpetrada por el ejecutivo de Ignacio González "se fundamentó en razones de interés público, sin merma de los derechos de los inquilinos".
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En sus recursos contra la sentencia que recientemente ha confirmado la nulidad de esta enajenación masiva de vivienda pública la Comunidad de Madrid defiende que la operación "se fundamentó en razones de interés público, sin merma de los derechos de los inquilinos" y consecuencia de "la necesidad de adoptar las medidas necesarias que permitiesen una adecuada gestión del patrimonio del IVIMA" y poder así alcanzar "el objetivo de estabilidad presupuestaria".
Los diversos escritos a los que ha tenido acceso la Cadena SER combaten la principal acusación de la Justicia contra esta venta: que el ejecutivo regional madrileño no justificó de ninguna manera la innecesariedad de las viviendas públicas que estaba vendiendo. Asegura que se está vulnerando tanto la ley regional como la estatal de Patrimonio y que la Memoria justificativa "permite excluir la tacha de arbitrariedad".
De esta manera será la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo la que tenga la última palabra en este caso, teniendo en cuenta que una sentencia firme favorable a los inquilinos daría comienzo a la ejecución de esta anulación. La Comunidad, que defiende que esta sentencia afecta en todo caso al caso concreto de un vecino de Navalcarnero, asegura además que el 84% de las viviendas públicas fueron vendidas "con opción de compra" lo que demuestra a su juicio que "no eran necesarias".
Comunidad y fondo de inversión
Vendedor y comprador de esas 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales han recurrido por tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que afirmó que las memorias aportadas por el gobierion regional nada dicen sobre que "al menos el 80% de las mismas se hallaban ocupadas cumpliendo, por ello, la función para las que fueron adscritas" al IVIMA. Una segunda sentencia dictada en el mismo sentido fue más allá y aseguró que esta venta quebró "la protección social".
Manifestación en la Puerta del Sol de Madrid / Alberto Pozas
Manifestación en la Puerta del Sol de Madrid / Alberto Pozas
El caso está ahora en manos de un Tribunal Supremo que ya reconoció que los inquilinos de estas casas vendidas a un fondo buitre tenían, al menos, el derecho a recurrir esta venta por haberles afectado el cambio de casero. Recientemente los jueces de lo contencioso-administrativo del mismo Supremo también han sentenciado que el proceso de puesta a la venta ejecutado entonces por el IVIMA vulneró también la intimidad de los inquilinos.
