2003, el año de la orden de protección

El registro oficial de víctimas de violencia machista arrancó en nuestro país en 2003, año en el que también entró en vigor la denominada orden de protección. En sesión extraordinaria y por unanimidad el 31 de julio el Congreso aprobaba esta nueva medida que entró en vigor el 2 de agosto.

Durante el pleno el ministro de Justicia, José María Michavila, explicó que a partir de su entrada en vigor estarían "en conexión 1.483 juzgados de primera instancia, de instrucción o de lo penal, 2.100 comandancias de la Guardia Civil, 486 comisarías, 1.720 fiscales en 70 fiscalías y 82 colegios de abogados".

Por su parte la secretaria de Igualdad del PSOE advirtió: "la orden de protección será una puerta abierta a la esperanza si cuenta con recursos policiales, judiciales, de todo tipo o será una puerta abierta a un precipicio si no los tiene".

La orden de protección, a petición de la víctima, el fiscal o el propio juez de instrucción, tenía como objetivo dar protección jurídica y policial a las víctimas, así como asistencia social y económica. En las cinco primeras semanas de su aplicación la solicitaron 1.390 víctimas de violencia machista. Fueron admitidas 1.074, un 77 por ciento. Sin embargo no se pudo evitar que durante aquellos 37 días cinco mujeres fueran asesinadas por su maridos, novios o exparejas.