El Constitucional tumba la ley que permitía a los partidos recopilar datos personales de los votantes
Los jueces concluyen, por unanimidad, que las opiniones políticas son "datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales"
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Datos protegidos. / GETTY
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Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) establece que las opiniones políticas son "datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales", en la sentencia que ha anulado por inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permite a los partidos recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos.
Las opiniones políticas son "datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales", según concluyen por unanimidad los jueces, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde Pumpido, el TC declara nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.
La sentencia da la razón al Defensor del Pueblo, que vio en la recogida de datos personales de los votantes que hacen los partidos políticos "una posible vulneración de derechos como la intimidad, la libertad ideológica y la participación política".
Riesgo para el votante
El Constitucional sentencia de forma unánime que la norma tienen muchas lagunas porque no está claro, por ejemplo, qué finalidad persigue esa recogida de datos, ni en qué condiciones se van a tratar. En este sentido, el TC reconoce que suponía un riesgo, un peligro para los votantes, ya que las formaciones políticas podrían recurrir a técnicas de big data "para modular, cuando no manipular, opiniones políticas".
Según el tribunal de garantías, el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales, por dos motivos: por un lado, porque no se sabe hacia dónde van a parar y cómo se utilizan esos datos personales y, por el otro, porque hay que proteger derecho fundamental a la libertad ideológica.
Es decir, las opiniones políticas que tenemos los ciudadanos son datos personales sensibles que deben ser protegidos con más intensidad, si cabe, que los otros datos personales sobre gustos, aficiones o pensamiento.
Sin garantías
Además, el alto tribunal insiste en que las Cámaras elaboraron una norma sin "garantías adecuadas" y sin las "mínimas exigibles".
El TC concluye afirmando que "la ley no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos, ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia ni ha establecido las garantías adecuadas que, para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales, reclama nuestra doctrina, por lo que se refiere a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales".
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Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...