Los cuatrocientos testigos del procés

Madrid

A lo largo de treinta y ocho sesiones, el tribunal que juzga el procés independentista unilateral ha escuchado a más de 420 testigos propuestos por acusaciones y defensas: políticos, mandos policiales, votantes del referéndum ilegal, agentes y proveedores de la Generalitat han copado buena parte del proceso ante un tribunal que ahora, junto con el resto de elementos, tiene que decidir si hay pruebas suficientes para hablar de una rebelión violenta como defiende la Fiscalía.

Los números hablan a las claras de un macrojuicio: después de escuchar a los doce acusados, el tribunal ha escuchado a casi cien agentes de Policía Nacional, casi ochenta de la Guardia Civil, más de veinte agentes y mandos de Mossos d'Esquadra, casi setenta políticos y en torno a ochenta votantes y testigos del 1-O y el 20-S propuestos por las defensas.

Muchos testigos han ido refrendando lo que ya comunicaron al juez Pablo Llarena hace un año a lo largo de la fase de instrucción. Mandos policiales como Diego Pérez de los Cobos, Ángel Gozalo o Sebastián Trapote cargaron con dureza contra los Mossos d'Esquadra acusando a los agentes y comisarios de permitir las votaciones a partir de la pasividad a pesar de conocer las órdenes judiciales de impedirlo.

Unos comisarios de policía autonómica que también hicieron una defensa cerrada de sus binomios, negando órdenes políticas de Joaquim Forn o revelando cómo advirtieron personalmente a Carles Puigdemont de los peligros de permitir su celebración. Ellos revelaron que el expresident pretendía declarar la independencia de Catalunya si el 1-O se convertía en una jornada violenta.

Las dos caras del 1-O

El tribunal no sólo ha escuchado testimonios en torno al proceso de gestación del referéndum ilegal: a lo largo de dos meses ha escuchado más de doscientos testimonios de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil y votantes que estuvieron ese día en los colegios y centros de votación. Los primeros describieron escenarios de violencia organizada de votantes para impedir la acción policial y pasividad de Mossos d'Esquadra para permitir el referéndum, asegurando que si hicieron uso de la fuerza fue de forma justificada. 

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Testimonios muchas veces incompatibles con los de los propios votantes, que reconocieron como mucho episodios puntuales de insultos hacia los agentes y alguna agresión pero siempre teniendo en cuenta que sólo ejercieron la "resistencia pasiva" y la "desobediencia civil". El tribunal tendrá que decidir si estos disturbios tienen entidad suficiente como para hablar de una rebelión y, sobre todo, decidir si existe un nexo entre estos disturbios - que no se juzgan en este proceso - y toda la estrategia desplegada por los líderes independentistas en el Parlament, el Govern y la calle.

Malversación y desobediencia

Decenas de testigos han declarado también en este juicio en torno a los otros dos delitos de los que están acusados los exmiembros del Govern: malversación de caudales públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional. En cuanto a la segunda, el tribunal tendrá que elegir entre los testimonios, como el de Roger Torrent, que defienden que Carme Forcadell no podía inadmitir las propuestas que terminaron siendo las leyes de desconexión, u otros como el de José María Espejo-Saavedra, que relató cómo se negó a participar en esas votaciones por entender que iban en contra de las órdenes del tribunal de garantías de no seguir adelante con el procés: el letrado y el secretario general de la cámara reconocieron que el examen de inconstitucionalidad se podía realizar de forma excepcional.

En cuanto al posible uso de dinero público en el referéndum ilegal y la legitimación internacional del procés, empresas como UNIPOST han reconocido que recibieron el encargo de parte de la Generalitat aunque en muchos casos no se haya llegado a cobrar, describiendo también muchos de estos testigos cómo los encargos llegaron a veces por vías ajenas a las oficiales y habituales. Trabajadores de las consellerías en las que trabajaban los acusados, por su parte, han negado haber invertido ni un solo euro público en el 1-O, todo bajo el paraguas del acuerdo del Govern que estableció que todos los departamentos se harían cargo de los gastos de forma solidaria.

Peritos, vídeos e informes

Las declaraciones de los testigos han ocupado buena parte de este juicio pero no son ni mucho menos la única fuente de prueba de la que beberá el tribunal. Las declaraciones de los doce acusados, los dictámenes de los 16 peritos que han comparecido, las decenas de vídeos que se verán en los próximos días junto con los informes finales y la última palabra de los acusados terminarán de pintar el cuadro que ahora tienen que estudiar los jueces del Supremo.

Una de las pruebas periciales, la comparecencia de peritos del Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado a petición de Fiscalía y Abogacía, contradijo frontalmente la versión de los acusados en torno a la malversación de caudales públicos. El perjuicio a las arcas públicas no se genera cuando se paga el servicio, como defienden los acusados, sino "en el momento en que se presta" por parte de la empresa. Otros peritos calificaron a Jordi Cuixart como "un ejemplo de liderazgo no violento" y otros más se enzarzaron en torno a la posibilidad de cuantificar económicamente el uso de locales públicos en el referéndum ilegal.

Por otro lado, el visionado de las imágenes grabadas durante el 1-O han supuesto un punto constante de desencuentro entre el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y las defensas, que buscaban contrastar en el momento con los vídeos las testificales, por ejemplo, de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.