El tribunal del procés se desentiende de los debates electorales en prisión
Explica que la petición de Jordi Sànchez de celebrar un debate en Soto del Real corresponde a la Junta Electoral
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de libertad de Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Junqueras
Jordi Sànchez durante su declaración como imputado / Señal institucional CGPJ
Madrid
El Tribunal Supremo no es competente para decidir sobre si se puede o no celebrar un debate electoral en la cárcel de Soto del Real. Los magistrados que juzgan el procés han contestado así a una petición de Jordi Sànchez, que reclamaba poder debatir con sus rivales en prisión, explicando que esa decisión corresponde en todo caso a la Junta Electoral Central.
La sala encabezada por Manuel Marchena recuerda que un posible acto de campaña de este tipo "no supone una excarcelación del centro penitenciario" ni afecta a ninguna medida, como una hipotética incomunicación, acordada por el Tribunal Supremo. Afectan a una actividad electoral y un régimen penitenciario fuera de su competencia.
La sala remite el caso a la Junta Electoral Central para que tome una decisión explicando que rechaza entrar en el fondo del asunto "sin perjuicio de la competencia atribuida a la administración electoral para velar por la vigencia de los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral" de cara al próximo 28 de abril y las elecciones generales.
Fiscalía se opone a la libertad
El Ministerio Público también se ha pronunciado este martes en contra de una nueva petición de libertad realizada por varios acusados: Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Para la Fiscalía, el juicio que se está desarrollando "está acreditando ese liderazgo y esa implicación" de ellos en el procés independentista cuya "continuación es reclamada por ciertos sectores", lo que a su juicio aumenta el riesgo de reiteración delictiva.
Con la decisión ahora en manos del tribunal, la Fiscalía también entiende que existe un "manifiesto riesgo de fuga". Explica que "el mantenimiento de la prisión preventiva es razonable y proporcionado".
