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Ciudad de la Justicia Madrid

Imputado el exconsejero Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia de Madrid

La Audiencia Nacional le cita el próximo 27 de marzo junto a tres responsables de las áreas técnica y financiera por el supuesto saqueo de las arcas públicas con el macroproyecto fallido de Esperanza Aguirre, en el que se enterraron más de 100 millones de euros

Prada, uno de los principales responsables del proyecto como consejero de Justicia, preside ahora la Oficina del Cargo Popular en la dirección de Pablo Casado, encargada de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. / Iván Franco

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.

Madrid

El titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado el próximo 27 de marzo como imputado al exconsejero de Justicia en Madrid, Alfredo Prada, así como al que fuera director general técnico de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, Isabelino Baños, el subdirector Mariano José Sanz Piñar, y el director del área financiera, Alicio de las Heras.

El juez les cita para explicar el supuesto saqueo de las arcas públicas con el ruinoso proyecto, en el que fueron invertidos más de 100 millones de euros.

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En su auto, el juez adelanta que pedirá explicaciones sobre las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, que estableció la falta de control en las contrataciones, la arbitrariedad en las mismas, carencia de documentación justificativa del proyecto, o la ausencia de criterios de racionalidad económica en el gasto.

Entre otras supuestas irregularidades, el magistrado constata que Campus Ciudad de la Justicia gastó en publicidad sin contrato un total de 5.481.291,83 euros, mientras que el desembolso por este concepto siguiendo los trámites legales establecidos fue de 957.989,91 euros.

José de la Mata también refleja que existieron extracciones en metálico sin justificar de la caja por encima de los 10.000 euros, gastos bajo sospecha de una visa platinum, o el pago de un máster a un trabajador, con más de 38.000 euros públicos.

 
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