Preocupación en las empresas españolas en Cuba que operen en propiedades expropiadas durante la revolución castrista

Madrid

La ley Helms Burton se suspendía cada seis meses desde hace 20 años que se aprobó. Lo han hecho gobierno republicanos y demócratas. Hasta ahora, que Trump la desempolva para usarla como arma política para conseguir el voto de la población cubana de Florida en las elecciones del 2020. Esta ley permite sancionar a empresas cubanas que operen en o con propiedades expropiadas a cubanos durante la revolución y, como consecuencia, también a las empresas internacionales que operan en proyectos conjuntos con el estado cubano (en su mayoría).

El artículo III, desbloqueado ahora por Trump, permite a norteamericanos (la mayoría de origen cubano) que tienen registros de propiedades en Cuba, iniciar un procedimiento judicial contra el gobierno cubano y las empresas que están utilizando para sus negocios los bienes confiscados. En esa lista de empresas del Departamento de Estado, hay varios hoteles de la cadena española Meliá, propiedad de la familia Escarrier, y los Iberostar, también española.

En líneas generales, no hay preocupación inmediata aunque sí mucha cautela. Es como abrir la caja de pandora sin que nadie sepa dónde están los límites y las empresas europeas afectadas -incluídas británicas, francesas y españolas- de momento estarían protegidas al operar en sociedades mixtas con el gobierno cubano, a lo que hay que sumar que en Europa existen leyes antídoto para proteger de la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas.

El abogado José María Viñals, del bufete Lupicinio Internacional, experto en inversiones en Cuba y que representa a un sector de este sector empresarial en la isla, explicaba a la Cadena SER que "algunas de las compañías en la lista del departamento de Estado son empresas españolas que participan en las joint ventures con el gobierno cubano o en asociaciones mixtas, contra las que ciudadanos norteamericanos podrían iniciar procedimientos judiciales. Aunque irían contra el gobierno cubano, no habría una consecuencia directa inmediata, aunque podría haberla de modo indirecto”. Lo que realmente preocupa a este empresariado español es que éste puede ser el primer paso. Abrir la caja de pandora de un tema que hasta ahora era tabú, el sector empresarial extranjero en Cuba.

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¿Hasta dónde va a llegar la administración norteamericana? ¿Puede ampliar aún más el cerco económico al gobierno cubano y por extensión a los empresarios que operan en Cuba? Lo cierto es que este movimiento se engloba en una estrategia política de Trump para ganarse adeptos en Florida cara a las próximas elecciones del 2020.

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Si lo ponemos en perspectiva, una compañía española en una joint venture con el gobierno cubano que opere en terreno o instalaciones expropiadas por la revolución a un ciudadano cubano americano, ahora puede ser denunciada por ese individuo, que puede ir a cualquier juzgado de Estados Unidos e iniciar un procedimiento contra la empresa. Valiéndose de los tratados internacionales, los activos de esta compañía en un país como México o la República Dominicana se podrían ver afectados porque el ciudadano denunciante puede solicitar el embargo de sus bienes en estos lugares para recuperar sus propiedades en Cuba.

Hay edificios construidos en terrenos expropiados. Empresas que operan en propiedades que fueron requisadas por el régimen cubano en sociedad con el gobierno castrista. Pero para proteger las inversiones, hay leyes antídoto en Europa contra cualquier efecto extraterritorial de esta ley y se duda mucho que Trump vaya a iniciar una guerra comercial con Europa por la aplicación del artículo III de la ley Helms Burton.