Reprimenda del Supremo a las administraciones públicas por arrastrar al contribuyente por los tribunales
Los jueces del impuesto hipotecario critican que las comunidades autónomas no acepten "las reglas del juego" y lleven a los ciudadanos a los tribunales reclamando impuestos
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Madrid
Reprimenda del Tribunal Supremo a las comunidades autónomas por llevar a los ciudadanos ante los tribunales reclamando el pago de impuestos. La sección segunda de lo contencioso – la misma que hace unos días sentó jurisprudencia sobre el impuesto hipotecario – ha dictado una sentencia en la que reprocha que las administraciones regionales no acepten “las reglas del juego” de los tribunales económicos e insistan en llevar a los contribuyentes ante la Justicia ordinaria.
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La resolución fue dictada con Francisco José Navarro como ponente dos semanas antes de sentar jurisprudencia sobre el impuesto hipotecario. Los magistrados tenían que dirimir si el impuesto derivado de elevar a escritura pública la extinción de una comunidad de bienes, en este caso con la compra del total de una casa por parte de uno de los cónyuges, debía calcularse en base al valor total del inmueble o sólo de la parte que compraba, en este caso la mujer.
En este caso tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia dio la razón a la contribuyente y estableció que la mujer tenía que pagar este impuesto por el 50% de la casa que había comprado, no también por la mitad que ya era suya, una decisión confirmada el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El Supremo convierte en jurisprudencia este criterio y reprocha a la administración valenciana que no se haya confirmado con la decisión del TEAR arrastrando el caso hasta la calle Marqués de la Ensenada de Madrid.
El reproche llega a mitad de la sentencia en un epígrafe titulado “una necesaria consideración preliminar”. Para los jueces “no es discutible” que una comunidad autónoma pueda reclamar impuestos por la vía judicial pero también explica que ese derecho “debería ser objeto de una prudente utilización, sin que deba aceptarse como natural que los tribunales de justicia deban dirimir habitualmente” la diferencia de criterio entre administraciones en materia de impuestos transferidos.
“Las reglas del juego”
Los jueces explican que el derecho a la tutela judicial efectiva de una administración pública, como la Generalitat Valenciana, es “sustancialmente distinto” al de un ciudadano, ceñido en su caso al “adecuado ejercicio de sus propias competencias”. Todo esto, para la sección segunda, “dificulta la comprensión de que una vez” tomada la decisión por parte del Tribunal Económico-Administrativo, la Generalitat “no se aquiete a la decisión tomada, aceptando las reglas del juego derivadas del reparto competencial en la ley”.
Los jueces concluyen que el impuesto por elevar a escritura pública ante un notario la división y compra de una parte de una casa que previamente estaba en régimen de gananciales debe computar sólo por la parte que se compra, no también por la que ya se tenía. En este caso, la Generalitat reclamaba más de 1.700 euros a la mujer.
Guerra jurisprudencial
Esta sentencia fue dictada dos semanas antes de que los mismos seis jueces sacasen adelante una nueva jurisprudencia en torno al impuesto hipotecario, cargando este tributo en los bolsillos del banco y no del cliente. Este asunto ha sido llevado a pleno por decisión del presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, ante el desplome de los bancos en las bolsas.
Lesmes atiende a los medios la semana pasada / FERNANDO ALVARADO
Lesmes atiende a los medios la semana pasada / FERNANDO ALVARADO
El propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha reconocido la mala gestión de este caso pidiendo perdón la semana pasada y revelando que él pidió una nota aclaratoria a Díez-Picazo, y no un pleno que, según explicó, ha aumentado todavía más la incertidumbre entre bancos y consumidores.
