El Supremo archiva la causa contra la senadora Pilar Barreiro
La jueza Ana Ferrer toma esta decisión después de que la Fiscalía pidiese el archivo del caso
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Pedro Antonio Sánchez por los mismos hechos
Barreiro en una imagen de archivo / Marcial Guillén (EFE)
Madrid
La jueza del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha decidido archivar la rama de la trama Púnica abierta contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. La magistrada instructora toma esta decisión después de que la Fiscalía pidiese archivar el caso por segunda vez, y de que la acusación porpular ejercida por ADADE pidiese seguir adelante con el procedimiento.
Barreiro estaba acusada de aliarse con el empresario Alejandro de Pedro, considerado uno de los ejes de la trama Púnica, para mejorar su imagen política con dinero público cuando era alcaldesa de Cartagena. Su defensa se apoyaba, sobre todo, en el testimonio del expresidente del Partido Popular del municipio, Francisco Celdrán, que ante la jueza afirmó que esos trabajos iban a ser sufragados por el partido y no por las arcas públicas.
La magistrada Ferrer entierra la investigación heredada de la Audiencia Nacional, una de las múltiples piezas de la trama corrupta Púnica. La jueza explica que no se han conseguido probar "las sospechas de corrupción" contra la exalcaldesa de Cartagena, hablando de una "precariedad de indicios" y denunciando un "débil, equívoco y ambivalente material probatorio" contra ella.
Criterios distintos
Pilar Barreiro ocupa en la actualidad un sillón del grupo mixto en el Senado: abandonó el grupo del Partido Popular después de ser imputada, "apartada temporalmente" según explicaron entonces desde Génova hasta que se resolviese este caso en uno u otro sentido. Hace una semana, según adelantó Radio Murcia, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, acusándole precisamente de comprometer dinero de la consejería que dirigía entonces en el ejecutivo regional para mejorar su imagen.
Un escrito en el que la Fiscalía presenta un criterio distinto y declara probado que, por ejemplo, el periodista encargado de escribir noticias positivas sobre la regidora cobró de las arcas del consistorio "pese a no satisfacer su contratación ningún interés tutelado por el Ayuntamiento", participando ella en una reunión en la que incluso se acordó manipular las facturas.
