El juez estudia las explicaciones de Ignacio González sobre la venta de vivienda pública a fondos buitre
El juzgado que investiga la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre, reclama a la Asamblea de Madrid las actas de las declaraciones de González, Gomendio, Van Halen y más comparecientes en la comisión de investigación de 2015
Ignacio González en su comparecencia en la comisión de investigación / EFE
Madrid
"Ese proceso ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado". El 20 de noviembre de 2015, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvía a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión perpetrada en 2013 durante su mandato. Dos años y medio después, el juez que investiga la operación por la vía penal ha pedido al parlamento madrileño que envíe las actas de esas comparecencias por si tuviesen información de interés para la causa.
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Una diligencia puesta en marcha por el juzgado número 48 de Plaza de Castilla hace una semana, pidiendo a la Asamblea de Madrid que remita "a la mayor brevedad posible" las actas de las comparecencias de los días seis y veinte de noviembre de 2015 en la comisión de investigación sobre corrupción política.
Fue la Fiscalía la que solicitó el movimiento al magistrado instructor: en un escrito fechado un día antes, el Ministerio Público pidió al juez que solicitase las actas de las ocho comparecencias explicando que "pueden aportar datos de relevancia para el objeto de este procedimiento, respecto de las posibles irregularidades que pudieron haber tenido lugar" en la enajenación masiva de vivienda pública.
Un escrito en el que la Fiscalía vaticinaba que el final de la instrucción está cerca: solicitaba la medida "al objeto de concluir la instrucción del presente procedimiento" en el que están imputados dos exdirectores del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA): Ana Gomendio y Juan Van-Halen.
Un proceso "inmaculado"
Ocho personas comparecieron esos dos días en la sala José Prat de la planta baja de la Asamblea: el expresidente Ignacio González, los exdirectores del IVIMA Gomendio y Van-Halen, el exconsejero de Transportes Pablo Cavero, el presidente del fondo Azora, Fernando Gumuzio, la entonces presidenta de la asociación de afectados Sonia Martínez, la exsecretaria general de la consejería Matilde García y el secretario general del IVIMA Francisco Javier Carmena.
Unas comparecencias en las que los responsables de la operación defendieron su limpieza: desde el proceso "transparente, pulcro e inmaculado" de González hasta el "estricto cumplimiento de la legalidad" de Van-Halen pasando por el "difícilmente van a encontrar un procedimiento con mayor transparencia" de Cavero. Martínez, por su parte, denunció que el proceso "se desarrolló con absoluta opacidad hacia los inquilinos, en total fraude de ley, a nuestro entender, y que posteriormente ha afectado a la cotidianidad de nuestras viviendas".
Victoria administrativa
La causa penal avanza en el juzgado 48 de la Plaza de Castilla en paralelo a la tramitación por la vía contencioso-administrativa de las reclamaciones de los afectados por la venta de vivienda pública a Azora Gestión. Recientemente, tal y como avanzó la Cadena SER, el juzgado contencioso número 29 de la Gran Vía decidió anular la adjudicación de las 32 promociones inmobiliarias al fondo de inversión, dando la razón a un vecino de Navalcarnero.
La resolución, que pasará a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el anunciado recurso del gobierno regional de Ángel Garrido, anulaba el acuerdo del IVIMA por entender que las casi 3.000 viviendas se declararon innecesarias sin basarse en ningún tipo de informe. La resolución, por el momento, abre la puerta al resto de afectados a recurrir ante la Justicia para que sus alquileres dejen de estar en manos del fondo de inversión y que su casero vuelva a ser la administración pública.
