Hacienda avala que la Comunidad de Madrid vendiese su vivienda pública por 200 millones
Un informe del Ministerio aportado a la causa que investiga la operación tasa en 208 millones de euros la venta de 32 promociones de vivienda pública del IVIMA, que en 2013 se ejecutó por siete millones menos de los estimados por Hacienda
Protesta contra fondos buitre en Madrid / Alberto Pozas
Madrid
Hacienda está conforme con el precio que pagó Azora Gestión por casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid en 2013. Un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro aportado a la causa que investiga esta operación por la vía penal afirma que los 201 millones que pagó el fondo buitre al ejecutivo de Ignacio González estaba ajustado al mercado del momento, frente a las acusaciones de "infraprecio" de la Fiscalía.
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El fondo de inversión se hizo con las 32 promociones de vivienda pública regional, repartidas por once municipios de Madrid, por un total de 201 millones de euros: el informe aportado a la causa por Hacienda a petición del juez concluye que Azora Gestión pudo pagar de menos, pero apenas siete millones de euros, tasando los inmuebles en un total de 208.275.091,99 euros.
Hacienda realiza el cálculo del valor actualizado, según explican las conclusiones del informe, teniendo en cuenta por ejemplo que en esas fechas "se detecta una bajada continuada de los precios en el mercado inmobiliario, producida por el exceso de oferta y la baja demanda, debido en gran parte a las dificultades financieras para conseguir créditos tanto para los promotores como para los particulares" haciéndose eco también de "la inseguridad, por parte de estos últimos, de falta de garantías en la continuidad en el empleo".
También influye en la bajada de precios, explica Hacienda, "la comercialización por parte de las entidades bancarias de sus carteras inmobiliarias, ofreciendo a sus posibles compradores ofertas y garantías de crédito", atribuyendo a cada una de las promociones un valor de entre 900.000 euros y 22 millones.
Segundo capote de Hacienda
El juzgado 48 de Madrid investiga desde hace años la enajenación de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión, con dos exdirectores generales del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) imputados: Ana Gomendio y Juan Van-Halen. Se trata del segundo informe aportado por Hacienda que apunta al archivo de la causa: uno anterior negó de forma tajante que los directivos del IVIMA hubiesen podido lucrarse personalmente con esta operación.
Protesta contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión / Alberto Pozas
Protesta contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión / Alberto Pozas
Unas afirmaciones que chocan frontalmente con lo afirmado por la Fiscalía en un informe reciente: el Ministerio Público considera que, entre otras irregularidades, la administración madrileña buscó entregar las viviendas a Azora a precio de saldo: hay "indicios de uso de artificio para la venta infraprecio", asegurando en este informe que todas las pruebas, vistas en su conjunto, "ofrecerían la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".
