La SGAE, sometida a más control

Madrid

Aunque con retraso, y sin llegar a ser sancionado por la Unión Europea, el gobierno se ha decidido a dar el paso no tanto para intervenir SGAE, pero si como para obligar a que cambie. De manera radical. Y ahora, la entidad se ve obligada a cambiar. Sí o Sí.

El real decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros no es sólo la mera transposición de dos directivas europeas. El gobierno ha ido un poco más lejos y ha introducido mayores exigencias para controlar mejor y de manera eficiente y con transparencia a la Sociedad General de Autores que, desde hace meses parece haber jugado al ratón y al gato ante los requerimientos de información que le ha realizado el ministerio de Cultura. El propio ministerio asegura que "en los últimos tiempos el funcionamiento de algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ha suscitado dudas en cuanto a la transparencia y el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor". Más claro no puede ser el ministerio.

El gobierno abre la mano y permite que el mercado de la gestión se amplíe a Europa de tal manera que se elimina la obligación de establecimiento en España. Bastará con que la entidad de gestión este domiciliada en cualquier otro país de la Unión Europea para que pueda trabajar en nuestro país. Además, se da paso a entidades privadas que también serán sometidas a control.

Los autores podrán, si así lo desea, a revocar de manera parcial o total el contrato de gestión que hayan firmado con las entidades, de tal manera que no estén atados como ahora por no poder disolver de manera voluntaria el vínculo con las sociedades.

Todas las entidades que funcionen en España deberán crear un órgano de control interno que, y esto es algo específicamente diseñado en el caso de la SGAE, deberá tener entre sus miembros a personas independientes, ajenas a la sociedad, que entre otras funciones controlará la distribución del dinero generado por los derechos.

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Por si no quedara claro que las entidades son tuteladas por el ejecutivo, el real decreto también permite la intervención temporal desde el momento en el que se apercibe con la retirada de la licencia. Se elimina así la obligación de tener que sancionar de manera grave a la entidad.

Poco tiempo tiene SGAE para adaptarse porque se establecen tres meses como plazo máximo para modifique sus estatutos que deben estar aprobados en su asamblea general. Ese tiempo se extiende al año para el resto de las entidades de gestión españolas.

"De rondón", el ministerio de Cultura ha cambiado una de las losas que pesaban sobre la carrera de los bailarines de las compañías nacionales (El Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza). Sus contratos temporales acaban por ley a los tres años, como los del resto de los trabajadores. Muchos de ellos, terminaban este verano lo que suponía la práctica paralización de ambas unidades de creación del INAEM. Con la modificación introducida, los bailarines verán ahora renovados sus contratos.