Urdangarin llega a la última pantalla
El Tribunal Supremo celebra la vista pública por los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia de Palma
Iñaki Urdangarin el día que fue a escuchar la sentencia del caso Nóos en la Audiencia de Palma / David Ramos (Getty Images)
Palma de Mallorca
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido aumentar la condena a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas, así como la condena de cuatro de los cinco cargos públicos valencianos que fueron absueltos por la Audiencia de Palma. El Ministerio Público reclama para Elisa Maldonado y Jorge Vela cinco años y medio de cárcel por un delito de falsedad documental. Además, interesa condena por un delito de prevaricación para ellos y para los otros dos exaltos cargos de Francisco Camps, Jose Manuel Aguilar y Luis Lobón, que no lleva aparejada pena de prisión.
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La Audiencia de Palma condenó a Iñaki Urdangarin, Jaume Matas y Diego Torres a seis años y tres meses, tres años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente. Unas condenas a la baja respecto de lo que pidió el fiscal del caso, Pedro Horrach. Ahora la fiscalía del Tribunal Supremo reclama para Matas, Urdangarin y Torres 4 años y ocho meses, 10 y 12 años de reclusión, respectivamente.
El Ministerio Público sostiene que en los contratos con el Instituto Nóos en Baleares hubo un delito de malversación continuada que revistió “especial gravedad y daño para el servicio público” debido a lo elevado del importe defraudado y “a la falta de liquidez que sufrían las entidades públicas que se comprometían a esos pagos”.
La fiscal subraya que “solo cinco años después” de celebradas las jornadas de turismo y deporte en las islas y “a requerimiento judicial” se enviaron las facturas para justificar los 2,3 millones de euros públicos que recibieron los presuntos cabecillas del fraude y que esas facturas ni siquiera cubren la totalidad del dinero público recibido. Dice la fiscal que “no existió desde el inicio voluntad alguna de control de las cantidades entregadas” y que “se permitió el apoderamiento ilícito de esos más de dos millones de euros”. Todo ello a través de unos contratos que no siguieron el procedimiento legalmente previsto “aliñado con las falsedades que al efecto parecieran oportunas sin otra justificación que las peticiones realizadas por los acusados Urdangarin y Torres”.
En Valencia la fiscalía no sostiene el delito más grave, malversación, y quiere una condena por prevaricación para los cuatro cargos públicos valencianos: José Manuel Aguilar, Luis Lobón, Jorge Vela, y Elisa Maldonado. Al igual que en Baleares, dice el recurso que “el único motivo que consta acreditado para aceptar la propuesta del Instituto Nóos fue la posición institucional de Iñaki Urdangarin porque su proximidad a la jefatura del Estado movió la voluntad de la autoridad que asumió sin cuestionamiento sus propuestas”. Añade que “solo esta circunstancia le permite acceder al señor Camps y a la señora Barberá”. A partir de ese momento todo se hizo mediante un “procedimiento fraudulento que prescindió deliberadamente de los cauces legales”. Tres ediciones de los foros de turismo y deporte por importe de 2,7 millones de euros.
El Ministerio Público también recuerda como ante el informe de la sindicatura de cuentas que hace saltar las alarmas por contratar con Iñaki Urdangarin se falsearon informes para justificar “el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”. De esta forma Jorge Vela y Elisa Maldonado “con la única finalidad de dar apariencia de legalidad a una decisión que había sido tomada orillando la ley de contratos del sector público no dudaron en elaborar informes ex novo que no respondían a la realidad”. Por eso también pide una condena de cinco años y medio para ambos por un delito de falsedad documental.
Las defensas piden la absolución
Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas han impugnado los recursos de la Fiscalía y los gobiernos de Valencia y Baleares que reclaman más penas de cárcel para ellos.
Urdangarin asegura que no aportó a la investigación ningún documento porque no se encargaba de temas fiscales, contables ni financieros y que "no se le puede demandar peras al olmo". Añade que nunca hubo un pacto verbal para hacer los foros de turismo y deporte en Baleares y Valencia sino una "conformidad política previa a la suscripción de los convenios de colaboración" y que es falsa "la sempiterna referencia" de que no se siguió el procedimiento legalmente establecido. En primer lugar, porque no existe previsión legal que regule este tipo de convenios y en segundo lugar porque solo él tenía capacidad para organizar este ciclo de conferencias, ya que "el know how no es público y sigue perteneciendo en exclusiva al Instituto Nóos".
Diego Torres acusa a la Fiscalía de "faltar a la verdad" y defiende que no puede haber delito de malversación cuando se ha cobrado por lo debidamente realizado, "tareas ejecutadas con notable éxito" como quedó demostrado en el juicio. Afirmar lo contrario sería atribuir a la administración pública un "enriquecimiento ilícito". Además, justifica la "utilidad pública" de los convenios preguntándose si "luchar contra la estacionalidad del sector turístico no es relevante" y subraya que esos convenios no fueron adjudicados al Instituto Nóos por "el posicionamiento que tenía Iñaki Urdangarin".
Por su parte, la defensa de Jaume Matas asegura que no puede haber un delito de malversación, tal y como reclama la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque la sentencia de instancia reconoce que aunque el govern balear no siguiera el procedimiento correcto para contratar con Iñaki Urdangarin y Diego Torres "no ha habido perjuicio para las arcas públicas".
