Los empresarios confiesan por primera vez ante el juez que financiaron de forma ilegal al PP en Valencia
Contratistas con la Generalitat valenciana reconocen que asumieron por un total de 1,2 millones, los gastos electorales que correspondía pagar al PP valenciano a la Gürtel. Los empresarios, entre los que se encuentran Enrique Ortiz, Vicente Cotino o Alberto Batalla, admiten todos los hechos de los que son acusados por la Fiscalía Anticorrupción para atenuar su condena
Vicente Cotino (i), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa, y Enrique Gimeno (c), administrador de Facsa y Aguas de Castellón, durante el juicio / Fernando Alvarado (EFE)
Madrid
Un total de nueve empresarios acusados en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía para eludir la cárcel y rebajar su condena.
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Y en la segunda sesión del juicio que se celebra este martes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, se está cumpliendo el guión establecido. Empresarios de la construcción que tuvieron una gran influencia en la Comunitat valenciana como Enrique Ortiz, o Alberto Batalla de la firma Lubasa, José Francisco Beviá y hasta el sobrino del expresidente de Les Cortes valencianes del PP, Vicente Cotino, ya han admitido punto por punto los hechos.
Los empresarios confiesan que financiaron de forma ilegal al Partido Popular. Admiten que pagaban a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel, actos electorales de los comicios de 2007 y 2008 que esta sociedad había organizado para el PP, mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes. Hasta el momento han confesado cuatro empresarios. Faltan otros cinco por declarar.
