Dimite la responsable de la BBC en China por discriminación salarial
Carrie Gracie acusa a la corporación de practicar una cultura secreta e ilegal de salarios
(Getty Images)
Londres
Carrie Gracie es una destacada periodista de la BBC y a los 55 años, después de tres décadas trabajando para la corporación pública, se ha convertido en un rostro familiar y en una profesional respetada. Gracie era la responsable de la oficina de la BBC en China, un puesto de enorme responsabilidad del que acaba de dimitir. La causa no es otra que la discriminación salarial por ser mujer. La periodista se ha convertido en la primera figura femenina de la BBC que renuncia al cargo a causa de la desigualdad en la retribución de periodistas masculinos y femeninos con idénticas responsabilidades.
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En una carta publicada en el diario The Times, Gracie acusa a la corporación de practicar una cultura secreta e ilegal de salarios. “Hace seis meses descubrimos las diferencias salariales en la BBC, que me afectan a mí muy directamente. Desde entonces he intentado corregirlo, a través de todos los sistemas de quejas, de reclamaciones formales. He dicho repetidamente a los gestores que no podría volver a China en Año Nuevo sin esas quejas resultas y siguen sin resolverse. No puedo colaborar con lo que veo como una discriminación salarial ilegal”.
El problema saltó a la luz en julio del año pasado, cuando la cadena pública presentó una lista de los salarios anuales superiores a 150.000 libras (169.000 euros). Sólo un tercio eran mujeres y tenían además salarios muy inferiores a los de sus homólogos masculinos, por hacer el mismo trabajo.
El caso de Gracie es un botón de muestra y está haciendo mucho ruido. Sus propios colegas de la BBC la han entrevistado y es una noticia destacada en todos los medios de comunicación internacionales. La periodista, que habla mandarín y es especialista en China, ha recibido el apoyo en las redes sociales de más de 130 compañeras. A estas alturas son más de 200 las empleadas de la BBC reclamando igualdad salarial y cursando quejas por discriminación que pueden acabar en los tribunales. Los contenciosos acarrearían un alto coste para la cadena pública, que no pasa por un momento económico boyante.
