Sin justicia para Siria

Madrid

Los asedios a civiles, las torturas, las desapariciones forzadas, el uso de armas químicas, los bombardeos contra la población civil, contra hospitales… Son todos crímenes cometidos por los actores implicados en la guerra de Siria, pero en un 90% son crímenes cometidos por el régimen de Bashar Al Assad. Todos están reconocidos internacionalmente y todos se han cometido con total impunidad.

"Estamos ante los peores crímenes cometidos en el siglo XXI. Os preguntaréis dónde están las pruebas. Pues yo, como una persona que ha participado en la condena del genocidio de Ruanda o como alguien que ha estudiado los juicios de Núremberg, puedo decir que las evidencias que hay de estos crímenes son más sólidas que las que había en cualquiera de esos casos", explica Stephen Rapp, antiguo embajador de Estados Unidos contra los crímenes de guerra y lesa humanidad y fundador de la Comisión para la Justicia Internacional y la Responsabilidad.

Rapp habla fundamentalmente del archivo fotográfico conocido como archivo César, el seudónimo de un desertor sirio al que le encargaron fotografiar los cadáveres de los detenidos en varios centros de Damasco. Un día empezó a ver rostros conocidos. "Amigos, vecinos... Personas que no eran terroristas, ni rebeldes armados, ni tenían relación con la política". Quiso dejar el trabajo, pero le pidieron que se quedara. Durante dos años continuó fotografiando cuerpos, pero cada noche guardaba algunas de esas fotos en un disco duro. "Cuando salió de Siria en 2013 tenía 50.000 fotografías, de 6.700 personas diferentes. Son como fotos del infierno. Hay niños, pero sobre todo adultos. En sus rostros se ve el horror que vivieron durante sus últimas horas. Personas a las que les habían arrancado los ojos, con miembros mutilados, con señales de asfixia o con claras muestras de haber muerto de hambre".

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Este archivo fotográfico es clave para luchar contra la impunidad de los crímenes del régimen sirio. Una muestra, según este experto, del patrón de desapariciones y torturas que ha ejercido el régimen para aterrorizar a su pueblo. Hay varias posibilidades para juzgar estos delitos, pero son más bien callejones sin salida. La primera opción, los tribunales del país, está descartada con un régimen que controla la mayor parte del territorio. "Los gobiernos tienen el deber de proteger a su pueblo de crímenes como el genocidio, pero cuando es el propio gobierno el que comete esos crímenes, la gente no tiene a donde ir para buscar protección". La siguiente vía es llevar los crímenes al Tribunal Penal Internacional (TPI), pero Siria no forma parte del Estatuto de Roma, así que no pueden iniciar un proceso por su cuenta. Tiene que hacerse a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero está bloqueado con el apoyo que Rusia y China prestan a Al Assad. En mayo de 2014 intentaron sacar adelante una resolución, pero estos dos países ejercieron su derecho a veto impidiendo llevar los crímenes del régimen al TPI.

La tercera y única posibilidad que aún permanece abierta son las jurisdicciones nacionales. "La esperanza está en los tribunales de cada país", explica Rapp, "aunque los abogados tienen que usar su creatividad para llevar los casos a los tribunales".

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Es una vía llena de limitaciones y obstáculos. Para iniciar un proceso los países tienen que recurrir a la justicia universal, pero esa facultad de los jueces de investigar un delito con independencia de dónde y quién lo haya cometido, se enfrenta, en muchos países, a requisitos impuestos por las leyes nacionales.

"En España no existe la justicia universal"

España es un buen ejemplo. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 2009 y 2014, dejan la puerta a la justicia universal prácticamente cerrada. Se establecen requisitos como que la víctima sea española, que el autor del delito resida en España o que esté en ese momento en el país. "En España no existe la justicia universal, creemos que con la última reforma no se está cumpliendo con las obligaciones internacionales", afirma Ignacio Jovtis, responsable del Área de Investigación de Amnistía Internacional en España, en un encuentro celebrado en Madrid con el grupo de despachos internacionales Guernica 37, el despacho que lleva la primera querella de una ciudadana española contra las autoridades sirias. "La única posibilidad que tiene es recurrir a los tribunales españoles. No la van a atender en ninguna otra estancia o tribunal", explica Maite Parejo, una de las abogadas que lleva el caso.

Una de las pruebas de esa querella es, precisamente, el archivo César, como ocurre en otras presentadas en Francia o Alemania. En este caso, Amal, una ciudadana española, reconoció a su hermano Abdul en una de las fotografías del archivo. "Abdul era transportista, repartía frutos secos, ni siquiera tenía un interés político, solo estaba en el barrio equivocado", cuenta Maite, "cuando llevaba poco más de un mes en su puesto de trabajo, desaparece. Su familia no supo nada de él hasta que se publicaron las fotos". Amal presenta la querella como víctima indirecta, por haber sufrido la desaparición, tortura y asesinato de su hermano. La Audiencia Nacional la admite, pero el Ministerio Fiscal lo recurre. A finales de julio de 2017 la Sala de lo Penal admite el recurso y archiva el caso.

Stephen Rapp, que asesora al despacho, dice que no hay que perder la esperanza. "Aunque la ley española haya reducido las posibilidades, este caso encaja a la perfección con la ley tal y como está escrita. Estoy aquí porque sigo creyendo en la habilidad de proveer justicia y creo que España lo puede hacer".