La activista Berta Cáceres fue asesinada por orden de la hidroeléctrica a la que se oponía
Un informe internacional confirma las sospechas que mantenía la familia desde el principio
Indígenas Lenca sostienen carteles de su máxima líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016. / Gustavo Amador (EFE)
Tegucigalpa
La presentación de un informe que responsabiliza del asesinato de Berta Cáceres a ejecutivos de una empresa hondureña a cargo de una hidroeléctrica, a la que la activista se oponía, confirma las denuncias sobre la autoría del crimen hechas desde su muerte por su familia, que exigió castigo. Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, dijo que para su familia "no es una sorpresa" lo que señala el informe presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
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"Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una investigación", señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela, Berta Flores.
Destacó que el informe revela "una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el 'modus operandi' de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado" en el crimen de su madre.
"Producto de un plan estructurado por altos directivos"
Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cargo que ahora ocupa su hija Berta, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad.
El informe, titulado "Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres", señala que el crimen "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de Cáceres y miembros del Copinh.
Los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)", añade.
"Captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales"
La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" porque, según el informe internacional, "hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones".
"Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen", subrayó. El Ministerio Público de Honduras "no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados", dijo en su discurso Berta Flores, madre de Cáceres.
Denunció que el poder político de su país "interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen", y exigió que "se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija".
El crimen de Cáceres no es un hecho "casual", sino el resultado de una "planificación" de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, dijo el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE.
Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto.
Urbina indicó que, según el análisis de GAIPE, uno de los detenidos, identificado como Emerson Duarte, a quien las autoridades le decomisaron un revólver con el que habría sido asesinada la ambientalista, "no tiene ninguna vinculación" con el crimen.
El GAIPE considera que la investigación realizada hasta ahora por el Ministerio Público ha sido "insuficiente e incompleta", pues "aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato".
"Es más, a la luz de lo observado en las audiencias y de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso", destaca el documento
