Ser mujer y política en Bolivia

“No ha sido fácil asumir el cargo”, dice Bertha Quispe. Es una afirmación que podría hacer cualquier persona joven que ha sido electa, pero que en el caso de esta alcaldesa aimara de 30 años tiene un sentido muy diferente. Sólo nueve meses después de jurar cargo, el pueblo de Collana –la capital del municipio por el que fue electa– se puso en pie contra ella y llegó a tapiarle la alcaldía para que no pudiese acceder.

Ella dice que aún no se explica por qué sucedió, pero tiene sus sospechas. ¿Una de las principales? Es mujer, joven, y procede de una de las comunidades más alejadas del municipio. Además, su gestión chocó con el poder económico local al querer investigar el impacto medioambiental de la cooperativa minera de la comunidad, que maneja cuatro veces más presupuesto que la alcaldía.

Una ley pionera en el mundo

La alcaldesa interpuso una demanda penal y acudió al Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos, que le concedió el amparo. Pudo denunciar gracias a una ley pionera que existe en Bolivia, que define como delito los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas –acoso– o las agresiones físicas, psicológicas o sexuales –violencia– hacia una mujer candidata, electa, designada o en ejercicio de la función poítico-pública.

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Al final, la alcaldesa se vio obligada a retirar la denuncia para poder volver a su cargo y conseguir la liberación de tres personas de fuera del municipio que la acompañaban para entrar en la sede del municipio y fueron secuestradas por las personas que instigaron el acoso. No fue la ley, sino la “presión” del pueblo, explica Quispe.

Bertha Quispe es una de las 27 alcaldesas de Bolivia, que tiene un total de 339 municipios y se sitúa en los puestos más altos de participación política de mujeres en el mundo, alcanzando la paridad en todos los órganos legislativos y a todos los niveles de gobierno.

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Seis de cada diez políticas son víctimas de acoso político

Se estima que seis de cada diez mujeres políticas sufren acoso político en Bolivia, un país que tiene el segundo parlamento más paritario del mundo. El acoso y violencia que sufren las mujeres en cargos de poder no se entiende sin esta alta participación. “Antes no era visible este tipo de violencia y acoso político porque no había mujeres en la política”, explica la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona.

Muchos de estos casos se traducen en presiones para que la mujer presente la renuncia y deje su sitio al sustituto, que por ley es siempre del género opuesto. Sin embargo, algunas veces la violencia ha acabado con la vida de las mujeres, ya sea por el suicidio de la víctima o porque se ha llegado a pagar a sicarios para que acaben con su vida. Y aún así, no existe una sola condena por esta lacra en el país.

Este reportaje forma parte del proyecto "Where Women Make the Laws", realizado gracias al Innovation in Development Reporting GrantProgramme del European Journalism Centre (EJC).