Las dos caras del cierre de Garoña
Mientras que Urkullu se congratula de la decisión del Gobierno central y considera que los vascos vivirán más tranquilos, la Junta de Castilla y León tilda de error el cierre
Madrid
La decisión del Gobierno de cerrar definitivamente la central de Garoña no ha surtido el mismo efecto para todo el mundo. Vascos y vallisoletanos se han convertido en las dos caras opuestas de una moneda, donde los primeros han acogido satisfactoriamente la noticia, a diferencia de los segundos, quienes se encuentran indignados y convencidos de que se trata de un grave error que traerá consecuencias negativas.
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Satisfacción unánime en Euskadi
Instituciones, partidos políticos y colectivos ecologistas de Euskadi no han dudado en mostrar su alegría ante el cierre de la central nuclear, sin dejar de lado la cautela por el futuro que se le pueda dar a las instalaciones.
Tanto el lehendakari Iñigo Urkullu, como la consejera de desarrollo económico e infraestructuras Arantxa Tapia, y el Delegado del Gobierno en Euskadi Javier Andrés, se han mostrado contentos con la situación. El lehendakari ha asegurado en su cuenta personal de Twitter que gracias a esta decisión “los vascos vivirán más seguros”. Por su parte, el Delegado del Gobierno ha defendido que lo que ha hecho el ejecutivo es dar prioridad a la seguridad sobre cualquier otro interés.
Los responsables alaveses se han mostrado especialmente satisfechos. El diputado general de Álava, Ramiro González, lo ha calificado como “extraordinaria noticia que constituye el triunfo del sentido común”. También el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha valorado muy positivamente la noticia, asegurando que el PP ha tenido que ceder ante la presión ciudadana.
"Error" para la Junta de Castilla y León
En el otro lado de la balanza, el vicepresidente de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha tildado de “error” el cierre de la central y ha declarado que el cierre responde a un capricho ideológico del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y que “la Junta se ha sentido sola en todo este tiempo respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña".
Por otra parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado la noticia como “mala para los trabajadores, para Castilla y León y para España” y ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigiéndole al Gobierno "que se comprometa a definir, presentar y desarrollar de manera urgente un plan de reindustrialización para la zona, que ofrezca alternativas posibles y viables para la generación de riqueza y empleo".
Iberdrola ha sido una de las empresas que han salido mal paradas tras las declaraciones de Herrera, ya que “no nos han dado ninguna explicación y han actuado primero pidiendo reapertura y luego escondiéndose”. Tras esto, ha anunciado que la Junta modificará el impuesto de afectación medioambiental para gravar los residuos nucleares que quedarán tras el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.
