Los obispos creen que conocer los bienes que han registrado crea un clima de "desamortización encubierta"

Los obispos han reconocido su "sorpresa" por la decisión del Gobierno de Rajoy elaborar un listado con todas las propiedades registradas por la iglesia desde 1998. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, no ha ocultado su malestar por la elaboración de esa lista sobre la que la cúpula de la iglesia católica se ha pronunciado por primera vez: "Nosotros lo hemos hecho (registrar propiedades) con el respaldo de la legalidad vigente y conforme a la ley con lo cual lo que no puede nunca es crearse ahora un clima de desamortización encubierta o de manipulación del sentido de bien de dominio público", ha señalado. Gil Tamayo ha añadido que un bien público es un monte pero no una catedral o una iglesia que son de una comunidad concreta. También ha advertido de que no puede convertirse ese registro en "un listado de bienes objetos de subasta".

El ejecutivo de Aznar reformó en el año 1998 la ley hipotecaria permitiendo que las diócesis inscribieran a su nombre bienes como la mezquita de Córdoba por sólo 30 euros. La ley fue modificada en 2015 aunque daba un año de plazo hasta la entrada en vigor de las nuevas, y más estrictas, condiciones para registrar propiedades. No hay datos de cuántas propiedades ha podido inscribir la iglesia en estos años. La propia Conferencia Episcopal dice que no lo sabe aunque fuentes de la CEE recuerdan que en España hay unas 23.000 parroquias en las que habrá, al menos, una vivienda parroquial.

El pasado mayo en una respuesta parlamentaria a varios diputados socialistas, adelantada por la Cadena Ser, el Gobierno se mostró dispuesto por primera vez a elaborar un listado de esos bienes cumpliendo lo establecido en la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso. El plazo para elaborar ese listado es de seis meses.